El Obispado de Mallorca rebaja la solicitud de pena para los proabortistas que irrumpieron en una iglesia de Palma

El Obispado de Mallorca ha rebajado este viernes su petición de pena para los seis jóvenes acusados de irrumpir hace dos años en la iglesia de Sant Miquel de Palma con proclamas a favor del aborto. De los cuatro años de cárcel solicitados en un principio por la diócesis, se ha pasado finalmente al año y medio propuesto ahora, que era la condena solicitada ya inicialmente por la Fiscalía. El anuncio se ha producido en la segunda y última jornada del juicio que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial para dilucidar las posibles responsabilidades penales por aquella acción proabortista.

La acusación particular que ejerce el Obispado había venido pidiendo desde el inicio de la causa una pena de cuatro años de cárcel para cada encausado, mientras que el Ministerio Público sólo pedía penas de un año y medio para cada uno, por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos.

En cualquier caso, desde el inicio del proceso judicial la diócesis también se había mostrado dispuesta a retirar la acusación con la única condición de que los seis jóvenes reconocieran públicamente que habían actuado mal, algo que no ha sucedido. No obstante, durante la vista oral los encausados sí han lamentado las molestias que pudo haber ocasionado su protesta.

Los hechos juzgados esta semana se remontan al 9 de febrero de 2014, cuando una veintena de personas entraron en la parroquia de Sant Miquel poco después de que hubiera empezado la misa del mediodía. Los encausados avanzaron por la iglesia mientras gritaban «Fuera rosarios de nuestros ovarios» y «¡Libre y gratuito, aborto!». Tras vivirse momentos de gran tensión, el sacerdote que estaba oficiando la eucaristía, personal de la parroquia y diversos feligreses evitaron que los asaltantes consiguieran llegar hasta el altar. Finalmente, lograron además que los citados jóvenes abandonasen el lugar sin nuevos incidentes.

Precisamente, en la sesión del juicio de este viernes han comparecido, en calidad de testigos, varios de los fieles que estuvieron presentes aquel día en la iglesia de Sant Miquel. Uno de los feligreses ha señalado ante el tribunal que los acusados entraron «en tropel» en dicha parroquia, pegando «gritos» y profiriendo «frases injuriosas». Por su parte, el sacerdote que aquel día estaba oficiando la misa ha dicho que los jóvenes acusados son «ciudadanos» e «hijos de Dios». Asimismo, ha afirmado que durante la protesta hubo un «forcejeo» entre unos y otros, aunque sin ningún tipo de violencia.

Cabe recordar que en la sesión de ayer jueves, en la que declararon las cuatro mujeres y los dos hombres que se han sentado en el banquillo, una de las acusadas afirmó ante el tribunal que ella no participó en aquella protesta y los cinco encausados restantes alegaron que desconocían que su acción de protesta fuera un delito y también explicaron que cuando entraron en la iglesia no sabían que se estuviera celebrando una misa.

Los encausados señalaron también ante el tribunal que su acción fue un acto de protesta «pacífica» por la reforma de la Ley del Aborto que en aquellas fechas estaba tramitando el Gobierno central. En ese contexto, también indicaron que desconocían que la irrupción en un templo religioso pudiera vulnerar el derecho al culto de los fieles católicos.

Antes del inicio de la vista oral, el pasado lunes había tenido lugar una reunión en el Palacio Episcopal entre el nuevo administrador apostólico de Mallorca, monseñor Sebastià Taltavull, y cuatro de las personas acusadas, para intentar acercar posiciones antes del comienzo del juicio, pero el encuentro finalizó sin ningún acuerdo.

Tras ese encuentro fallido, los encausados plantearon el pasado miércoles al Obispado un nueva propuesta de acuerdo. En el documento entregado a la diócesis, se planteaba que ambas partes admitieran que las consecuencias de aquel asalto supusieron «desazón» y «sufrimiento» tanto para el colectivo feminista como para la Iglesia de Mallorca. Esa propuesta de última hora no fue aceptada por el Obispado, al no haber ningún reconocimiento explícito de culpa.

Tras la sesión de ayer y la de este viernes, el juicio ha quedado visto para sentencia.