Noruega rechaza dar una pensión a los marineros españoles

El juzgado de primera instancia de Oslo dictó sentencia a favor del estado noruego tras la demanda presentada por un grupo de marineros españoles que reclamaba el pago de pensiones por los años que estuvieron embarcados en la marina mercante de aquel país. Era un fallo esperado, según comentó a ABC Alberto Paz, portavoz de la asociación Long Hope, que representa los intereses de los 12.000 marineros, 8.000 de los cuales gallegos, que, durante más de cuarenta años se vieron obligados a pagar entre el 30 y el 50 por ciento de su salario en impuestos, aunque se les impidió cotizar a la Seguridad Social por no ser residentes en aquel país. Años después, ni el gobierno noruego ni el español les reconoce el derecho a percibir una pensión de jubilación.

«No nos sorprende ni nos entristece, ya que nunca esperamos que Noruega nos diera la razón. Nuestro propósito es agotar la vía interna de la justicia noruega para llegar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo», explica. «El rumbo de este barco es el puerto de Estrasburgo y esta sentencia no va a cambiar un ápice nuestro rumbo», añade. El abogado de los marineros, Øivind Østberg, se mostraba sin embargo decepcionado con la sentencia, según confirmó a este periódico, ya que cree que «los argumentos jurídicos no son muy sólidos». «Son los intereses económicos del estado noruego los que dominan el punto de vista del gobierno y, en consideración a estos, el juez no se ha atrevido a usar la jurisprudencia existente», comentó Østberg a la agencia EFE.

Desde 1948 hasta 1994, cuando Noruega, que no es miembro de la Unión Europea, firmó su entrada en el Espacio Económico Europeo y asumió la normativa comunitaria relativa a la Seguridad Social, los marineros españoles embarcados en los buques de la marina mercante noruega sufrieron una situación laboral que ellos califican de «discriminatoria» por su condición de extranjeros, ya que no tenían permiso de residencia en el país ni podían cotizar a la seguridad social y obtener beneficios sociales como el desempleo o la cobertura sanitaria para ellos o sus familiares, a pesar de que pagaban sus impuestos en Noruega. Alberto Paz calcula en unos 520 millones de euros la cantidad aportada a las arcas del estado noruego. Se trata, por tanto, para Long Hope, de una discriminación por nacionalidad que atenta contra la Carta Social Europea y contra la propia constitución noruega. A pesar de que muchos marineros afectados ya han fallecido, la asociación reclama bien una pensión o una compensación económica.

Injusticia social

Paz, que embarcó con 17 años a bordo de los buques mercantes noruegos, explica que Noruega ha cometido una injusticia social con estos trabajadores del mar españoles. «Los marineros españoles estamos muy bien considerados en todas las flotas del mundo. El único país que ha cometido esta grave injusticia social ha sido Noruega. Yo mismo trabajé después en barcos de Dinamarca y de Suecia y nunca sufrí ninguna discriminación. No es normal que Noruega, un país que se dice defensor de los derechos humanos y que, incluso, concede el Nobel de la Paz, no dé solución a las demandas de miles de trabajadores españoles que reclaman una pensión», argumenta.

El abogado de los marineros tiene un mes de plazo para presentar el recurso y ha explicado a ABC que espera que el caso sea visto en el Supremo en el plazo de seis meses o un año. Si la sentencia es desfavorable, Long Hope acudirá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. «Allí es donde el gobierno va a tener que explicarlo, no en su casa», concluye Paz.