Manifestación organizada el pasado mes de febrero por Mos Movem
Manifestación organizada el pasado mes de febrero por Mos Movem - EFE

Mos Movem pide aportaciones para sufragar los gastos de su recurso contra el decreto del catalán en la sanidad

La plataforma civil isleña fija en más de 3.500 euros el coste mínimo del contencioso que será presentado el 22 de mayo

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La plataforma civil ciudadana Mos Movem-En Marcha-Let's Go, impulsada por la empresaria menorquina Úrsula Mascaró, ha solicitado este jueves a socios y simpatizantes de dicha entidad que hagan aportaciones económicas para poder sufragar el coste del recurso contencioso administrativo que, el 22 de mayo, presentará Mos Movem contra el decreto que regula el conocimiento de catalán que deberán tener los médicos, enfermeros, técnicos y auxiliares de enfermería que deseen trabajar en la sanidad pública isleña. El citado recurso será presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

Según señala Mos Movem en una nota, «esto tiene un coste elevado», ya que «los gastos jurídicos» ascienden a 3.500 euros más IVA. «Por supuesto, no tenemos ninguna subvención del Govern al que vamos a impugnar, no somos ni la Obra Cultural Balear ni Òmnium, ni ninguna asociación pancatalanista, por lo que la cifra la tendremos que poner los simpatizantes de Mos Movem», añade dicha nota, que facilita una dirección de correo electrónico de contacto (plataformamosmovem@gmail.com). «Juntos podremos parar el decretazo», recalca el citado texto, para concluir: «Necesitamos la aportación de todos, no podemos ganar la batalla sin el esfuerzo de todos. Mil gracias».

Cabe recordar que Mos Movem impulsó en diciembre del pasado año la primera protesta contra el decreto del catalán en la sanidad pública balear. En aquella ocasión, unas 2.000 personas participaron en Mahón, capital de Menorca, en una manifestación bajo el lema «Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas». Posteriormente, el pasado 18 de febrero, algo más de 2.500 personas se manifestaron en Palma también contra el decreto, en una marcha organizada nuevamente por Mos Movem. Desde entonces se han celebrado también concentraciones de protesta en diversos centros hospitalarios de la Comunidad.

Contenido del decreto

El decreto del catalán en la sanidad pública balear fue aprobado el pasado 23 de marzo por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol con el apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos. El decreto rebaja, en su versión definitiva, las exigencias de catalán inicialmente anunciadas por el Govern. De ese modo, finalmente se podrá presentar a las futuras oposiciones cualquier profesional sanitario, aunque no tenga hoy la preceptiva titulación lingüística establecida para cada categoría laboral. En ese sentido, cabe recordar que el nivel de conocimiento del catalán fijado finalmente para médicos, enfermeros y técnicos ha sido el B1 o elemental, mientras que el nivel establecido para auxiliares de enfermería y celadores ha sido el A2 o básico.

La preceptiva titulación lingüística podrá conseguirse en todas esas categorías laborales en un plazo máximo de dos años una vez obtenida la plaza. Si transcurrido ese tiempo el profesional sanitario que superó las oposiciones no pudiera acreditar la titulación de catalán que le corresponde, no perderá su plaza, pero no podrá participar en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional. Estas dos penalizaciones laborales han sido especialmente criticadas por quienes cuestionan o se oponen al decreto del catalán, al entender que podrían vulnerar la ley.

La actual norma lingüística ha suscitado y sigue suscitando fuertes críticas desde diversos ámbitos en Baleares. Así, además de Mos Movem, han venido expresando su oposición al decreto el PP, Cs, Actúa Baleares, el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y diversas asociaciones de pacientes, entre otras entidades. De manera genérica, dichos partidos y sindicatos consideran que el catalán debería ser un mérito y no un requisito para poder trabajar en la sanidad pública.