Manifestación de personal sanitario celebrada en Palma de Mallorca, en 2008, contra del catalán como requisito para trabajar en Baleares
Manifestación de personal sanitario celebrada en Palma de Mallorca, en 2008, contra del catalán como requisito para trabajar en Baleares - MIQUEL A. CAÑELLAS

Los médicos y los enfermeros de Baleares impugnarán el decreto que obligará al conocimiento del catalán

Los dos principales sindicatos del sector defendían que el dominio de la lengua catalana fuera sólo un mérito y no un requisito para poder trabajar en la Comunidad

PALMA DE MALLORCAActualizado:

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y el Sindicato de Enfermería (Satse) del Archipiélago, mayoritarios en el sector, han anunciado este viernes que impugnarán el decreto que regulará el conocimiento de catalán que se exigirá a los profesionales sanitarios que deseen trabajar en la Comunidad. La futura norma establece que el catalán será un requisito para auxiliares, enfermeros y médicos. Los auxiliares deberán acreditar el nivel B1 —básico—, mientras que médicos y enfermeros deberán tener el nivel B2 —avanzado— para poder optar a una plaza en la sanidad pública.

Tanto Simebal como Satse defendían que el dominio de la lengua catalana fuera sólo un mérito y no un requisito. Otros dos sindicatos, CCOO y CSIF, podrían sumarse finalmente a la impugnación anunciada esta mañana. El anuncio se ha producido después de la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, que había sido convocada por el Servicio de Salud del Govern.

En septiembre y en octubre se habían convocado ya dos reuniones previas de la Mesa Sectorial, a las que no acudieron ni Simebal ni Satse, en señal de protesta por el contenido del citado decreto y también por entender que por parte del Gobierno autonómico no existía ninguna voluntad de negociar posibles cambios. Tras la reunión de este viernes, los únicos trámites que quedan ahora pendientes antes de la entrada en vigor del mencionado decreto son su validación por parte del Consejo Consultivo y su aprobación por parte del Gobierno balear, que preside la socialista Francina Armengol.

Cabe recordar que el texto del borrador del decreto fue pactado a finales del pasado verano por el PSOE y por MÉS por Mallorca —que forma parte del Ejecutivo de Armengol— tras varias semanas de discrepancias entre ambos partidos sobre si el catalán debía ser o no un requisito en la sanidad pública balear. Con anterioridad, en agosto, los ecosoberanistas de MÉS habían obligado a los socialistas a retirar una resolución inicial del Servicio de Salud en la que se dispensaba del conocimiento del catalán a médicos, enfermeros y farmacéuticos.

El requisito «excluyente» del catalán, una «barbaridad»

Por su parte, los dos principales sindicatos del sector se han venido oponiendo a la exigencia del catalán porque consideran que dificultará la llegada de especialistas del resto de España a las Islas. Para Simebal y Satse, debería primarse la atención sanitaria por encima del posible conocimiento o no de la lengua catalana. «No podemos permitir que miles de profesionales que están dentro de nuestro sistema sanitario no tengan la opción de acudir a presentarse a unas oposiciones», ha explicado este viernes el secretario general autonómico de Satse, Jorge Tera. En esa misma línea crítica, el presidente de Simebal, Miguel Lázaro, ha señalado que el requisito «excluyente» del catalán es una «barbaridad». Lázaro ha añadido que «se ha politizado la sanidad, esa es la clave».

«En ningún momento se produce una discriminación dentro de nuestro personal, tanto sea fijo como temporal», ha afirmado, en cambio, el director general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio de Salud del Govern, Gabriel Lladó. Asimismo, ha indicado que «de cara al personal temporal que tenemos, nosotros continuamos contratando tengan o no la acreditación de la lengua catalana, siempre que nos falte personal para dar servicio a nuestros usuarios».

En el actual borrador del decreto se contempla, precisamente, una excepción con respecto a la exigencia del catalán. Así, se establece que profesionales foráneos que no conozcan la lengua catalana podrán optar a plazas concretas cuando haya carencia de especialistas. Dichas personas dispondrán de un plazo de dos años, desde el momento en que tomen posesión de la plaza, para acreditar los conocimientos de catalán requeridos.