El juez no impone medidas cautelares a los dos catedráticos investigados por la presunta estafa del Minerval

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, no ha adoptado este martes ninguna medida cautelar contra los catedráticos de Biología Celular de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) Xavier Busquets y Pablo Escribá. Ambos han comparecido ante el juez y ante la fiscal Concha Ariño en calidad de investigados —equivalente a imputados— en relación a la presunta comercialización de un supuesto fármaco contra el cáncer, denominado Minerval.

Dicho compuesto se encuentra aún en fase de ensayos clínicos, lo que significa que por ahora no tiene aún la calificación de medicamento ni cuenta con la preceptiva autorización para poder ser vendido al público. Los citados profesores de la UIB han negado este martes ante el magistrado cualquier posible actuación irregular por su parte.

Cabe recordar que hace tres semanas Busquets y Escribá —junto con tres colaboradores— fueron detenidos por la Policía Nacional, como presuntos autores de un supuesto delito continuado de estafa agravado. Los cinco se acogieron a su derecho a no declarar, por lo que fueron puestos en libertad de manera provisional, a la espera de una futura declaración ante el juez.

Supuesta estafa

Una de las primeras personas que alertó sobre la supuesta estafa fue, hace dos años, la jefa de Oncología del Hospital de Son Espases, Josefa Terrasa, que se puso en contacto con el Colegio de Médicos y con la UIB para darles a conocer su opinión. «No encontré ninguna evidencia con suficiente fundamento científico para pensar que este producto tenía una cierta eficacia», explicó Terrasa en el programa «Dues Voltes» de IB3.

Con posterioridad, en abril de 2016, el Consejo Social de la UIB hizo llegar a la Fiscalía la primera denuncia concreta sobre este caso. A partir de entonces se pusieron en marcha las investigaciones que recientemente concluyeron con los citados arrestos. La Policía estima que, globalmente, se habrían estafado más de 611.000 euros a través de la comercialización del citado producto. Hasta el momento, hay una quincena de denuncias de personas que adquirieron el Minerval con la esperanza de que pudiera ser un remedio efectivo contra el cáncer.

Las personas que compraban el citado compuesto hacían el abono del dinero que se les solicitaba a través de una entidad sin ánimo de lucro, denominada Fundación Marathon Glioma. Dicha fundación, según la Policía, «enmascaraba la venta del producto como una donación voluntaria de los familiares para la investigación».

Imágenes manipuladas

Según los investigadores, los citados dos catedráticos de la UIB habrían mostrado a los familiares de los enfermos imágenes presuntamente manipuladas para hacer creer que los tumores de los pacientes disminuían de tamaño gracias al supuesto falso medicamento.

Ante la gravedad de estos presuntos hechos, el Rectorado de la UIB decidió el pasado 12 de abril, como medida cautelar inicial, suspender la «actividad docente» de Escribá y de Busquets. Ambos profesores colaboraban con la empresa biofarmacéutica denominada Lipopharma, que desde el primer momento se desvinculó por completo de cualquier posible irregularidad que pudieran haber cometido dichos docentes.

Lipopharma emitió ya en su momento un comunicado oficial en el que señaló que no ha comercializado jamás «ningún producto» de los que tiene en investigación, «entre ellos el Minerval». Asimismo, indicó que nunca ha administrado el Minerval a «ningún paciente fuera de los estudios clínicos realizados en hospitales de reconocido prestigio, con protocolos diseñados de acuerdo a las normativas vigentes».

Investigación

La nota añadía que «actualmente el Minerval es un producto en fase de investigación». En ese contexto, Lipopharma afirmó que ya ha completado, «con resultados muy positivos», un estudio clínico con una formulación oral del producto.

Por su parte, el martes de la pasada semana la presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol, y el consejero de Educación y Universidad, Martí March, pidieron disculpas en nombre del Ejecutivo regional a todas las personas que se hayan podido sentir engañadas por los dos catedráticos de la UIB. En el pleno ordinario celebrado en el Parlamento autonómico, Armengol y March recalcaron que se tomarán las medidas oportunas una vez que hayan concluido las actuaciones policiales y judiciales actualmente en marcha.

Un día después, el pasado miércoles, el rector de la UIB, Llorenç Huguet, volvió a reiterar ante los medios que la dirección de la universidad habría obrado correctamente en todo este caso. Al mismo tiempo, Huguet negó cualquier posible connivencia con los dos profesores ahora investigados. Asimismo, recordó que la UIB actuó enseguida que se presentó la citada denuncia ante el Consejo Social. «Dimos el paso que teníamos que dar, acudir a la Fiscalía», dijo.