La presidencia de Baleares, la socialista Francina Armengol, durante su participación en un desayuno informativo organizado por Executive Fórum en un céntrico hotel de la capita
La presidencia de Baleares, la socialista Francina Armengol, durante su participación en un desayuno informativo organizado por Executive Fórum en un céntrico hotel de la capita - EFE

La Ley de Igualdad balear considera el impago de las pensiones como violencia contra la mujer

Podemos afirma que «se ha incrementado» por los «recortes» del PP

Palma de Mallorca Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

El impago de las pensiones de alimentos será considerado, por vez primera en España, como violencia contra la mujer. Así lo recoge la Ley de Igualdad de hombres y mujeres del Gobierno balear, que el Parlamento regional aprobará mañana miércoles en un pleno extraordinario. Las mujeres afectadas por dichos impagos recibirán las mismas ayudas y prestaciones que las víctimas de agresiones físicas o psicológicas. La nueva norma fija cuatro formas específicas de violencia de género, en concreto, física, psicológica, económica y sexual.

La aprobación de esta ley era uno de los compromisos adquiridos para la presente legislatura por el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Podemos, que hace un año suscribieron un pacto de gobernabilidad para la Comunidad autónoma, así como en otras instituciones.

Gracias a dicho acuerdo, la socialista Francina Armengol relevó al popular José Ramón Bauzá al frente del Ejecutivo regional. En cualquier caso, el apoyo de Podemos a Armengol es sólo externo, pues no cuenta por ahora con consejeros autonómicos.

La Ley de Igualdad balear recoge, en lo esencial, el contenido del texto que iba a aprobarse ya en la legislatura 2007-2011, bajo la presidencia del socialista Francesc Antich. Por diversas razones, aquel texto originario finalmente no pudo salir adelante. Al igual que entonces, la consejera autonómica de Servicios Sociales es de nuevo ahora la econacionalista Fina Santiago.

Por lo que respecta a la sanciones fijadas en la nueva ley, abarcan desde los 3.000 euros hasta los 90.000 euros. Además, también se establece que las administraciones públicas no podrán contratar ni conceder ayudas a quienes hayan sido condenados por ejercer o tolerar prácticas discriminatorias.

La diputada del PSOE Silvia Cano ha destacado este martes que «en general, es una ley bastante consensuada», algo que a su juicio debe ser considerado como «un motivo de alegría y satisfacción». Por su parte, la diputada de MÉS Margalida Capellà ha recordado que gracias a la formación econacionalista la ley incluye ahora un punto que insta a las instituciones a garantizar la participación de las mujeres en las fiestas populares en igualdad de oportunidades que los hombres. Capellà ha puesto como ejemplo de discriminación actual las fiestas de San Juan en el municipio menorquín de Ciutadella.

En una línea más crítica se ha pronunciado la diputada de Podemos Marta Maicas, quien ha señalado que «las reformas del PP a la crisis han puesto la guinda al pastel del patriarcado actual», razón por la que, en su opinión, «la violencia contra las mujeres se ha incrementado porque ha habido recortes también en esta área».

Por su parte, las tres formaciones que en la presente legislatura se encuentran en la oposición en el Parlamento autonómico, que son el PP, Ciudadanos y Proposta per les Illes (PI), avalarán mañana la mayor parte de puntos de la nueva ley, si bien en principio está previsto que presenten también diversas enmiendas de mejora.

Ver los comentarios