El Gobierno balear aprueba el decreto que fija el nivel de catalán que deberán tener los funcionarios

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo balear ha aprobado este viernes el decreto que regula «los requisitos de conocimiento de la lengua catalana en la Administración de la Comunidad». El personal sanitario y el personal docente quedan excluidos del ámbito de dicho decreto, ya que cuentan con una normativa propia. El citado decreto ha sido aprobado justo un año después de que el Parlamento balear hubiera avalado una modificación puntual de la Ley de la Función Pública para que el catalán volviera a ser un requisito, en lugar de sólo un mérito, para poder ser funcionario en Baleares.

Hace doce meses votaron a favor de la citada modificación el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Podemos, que son las tres formaciones que en esta legislatura dan su apoyo a la actual presidenta autonómica, la socialista Francina Armengol.

También dio su voto favorable Proposta per les Illes (PI), mientras que el PP y Ciudadanos votaron en contra.

Cabe recordar que en julio de 2012 el anterior presidente autonómico, el popular José Ramón Bauzá, había introducido los primeros cambios en la Ley de la Función Pública, con el propósito de que el catalán pasase a ser considerado únicamente como un mérito y no un requisito para ser empleado de la Administración. El PSOE presentó en aquel momento un recurso de inconstitucionalidad contra dicho cambio. Sin embargo, en octubre de 2013 el Tribunal Constitucional avaló la decisión de Bauzá.

Por lo que respecta al decreto aprobado este viernes, especifica el nivel de conocimiento de la lengua catalana que deberán tener los funcionarios en función de la categoría profesional a la que opten. Así, por ejemplo, los técnicos superiores y medios deberán acreditar un nivel de «dominio funcional efectivo» de la lengua propia de la Comunidad, mientras que los auxiliares administrativos deberán tener un nivel «avanzado» y los ordenanzas un nivel «umbral».

En materia lingüística, son ya varias las actuaciones que ha puesto en marcha el actual tripartito balear. Así, al inicio de esta legislatura había derogado ya el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), controvertido decreto aprobado por el PP que preveía la implantación progresiva de un sistema de enseñanza trilingüe en los colegios, con el inglés como tercera lengua, y que representaba en la práctica el fin de la inmersión lingüística en catalán.

Modalidades lingüísticas isleñas

Por lo que respecta a la radiotelevisión pública balear, IB3, en los noticiarios sólo se utiliza ahora el denominado catalán estándar. Además, se han vuelto a programar películas dobladas en Cataluña en ese mismo catalán estándar, que no tiene en cuenta las modalidades lingüísticas isleñas. En la pasada legislatura, en cambio, se empezaron a utilizar en los informativos las modalidades insulares de la lengua catalana.

Los orígenes de la actual política lingüística en Baleares habría que buscarlos, paradójicamente, en los primeros gobiernos del PP. Con los populares al frente del Ejecutivo regional se aprobaron dos normas todavía hoy vigentes, la Ley de Normalización Lingüística, en 1986, y el nuevo Estatuto de Autonomía, en 2007, con Gabriel Cañellas y con Jaume Matas como máximos mandatarios, respectivamente.

El actual Estatuto de Autonomía señala, por ejemplo, que «la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial». En el mismo sentido se expresaba ya la citada Ley de Normalización Lingüística. Además, con Matas se puso en marcha el llamado Decreto de Mínimos, en 1997, que obligaba a los colegios a impartir en catalán al menos el 50 por cien de las clases. Dicho decreto ha vuelto a estar vigente de manera implícita en esta legislatura.