Galicia, pionera de la lucha contra los incendios forestales

Galicia cuenta con la cara y la cruz de ser una de las comunidades con una mayor masa forestal de todo el país. Si bien sus verdes paisajes hacen de este territorio uno de los más admirados por los amantes de la naturaleza; las altas temperaturas y la falta de lluvias durante el verano convierten los frondosos montes gallegos en uno de los principales objetivos de los incendiarios. A base de luchar contra esta actividad delictiva, la Xunta de Galicia ha conseguido conformar los últimos años un operativo antiincendios que ya se ha convertido en referente dentro y fuera de España, tanto por la cifra récord de efectivos que cada año luchan contra las llamas sobre el terreno, como por las modificaciones legislativas introducidas para frenar el aprovechamiento económico del suelo quemado.

El germen de estos cambios fue la ola de incendios que sufridos en 2006 y que arrasó más de 70.000 hectáreas en un solo verano durante la etapa del gobierno bipartito PSOE-BNG. Para evitar que se repitiese una tragedia de esa magnitud, tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta en 2009, su equipo impulsó una nueva Ley de Montes que, entre otras medidas, incluía la prohibición de recalificar terrenos quemados durante 30 años, una medida que posteriormente también sería incluida en la Ley de Montes estatal. No solo eso, el texto gallego también introdujo limitaciones a arar, pastar o cazar en terrenos que hubiesen sido afectados por las llamas, con el fin de eliminar este tipo de motivaciones entre los incendiarios.

7.000 efectivos

Además, para intentar frenar las imágenes de grandes incendios cercando pueblos y viviendas, otro texto autonómico -la Ley de Prevención de Incendios- derivó en los propietarios la responsabilidad de mantener una franja de seguridad de 50 metros limpia de maleza alrededor de sus casas. Solo en lo que va de año, la Xunta ya ha apercibido a casi mil titulares de fincas por no cumplir sus obligaciones y ha enviado notificaciones a otros 3.000.

Con respecto al operativo de extinción de incendios, Galicia es la Comunidad con el mayor número de medios desplegados en los montes. Durante los dos últimos años la cifra ha sobrepasado los 7.000 efectivos entre brigadistas, motobombas, helicópteros o hidroaviones. Para alcanzar una mayor eficacia y lograr un menor tiempo de respuesta, el Gobierno gallego ha elaborado un pionero mapa que localiza las zonas de mayor actividad incendiaria en base a los datos recabados durante los últimos años. En la actualidad están registradas 73 zonas problemáticas en las que el Ejecutivo autonómico despliega medidas especiales y una mayor vigilancia.

Además, para coordinar mejor el trabajo sobre el terreno, el departamento de Medio Rural ha presentado este año un nuevo sistema de comunicación que permitirá desterrar los sistemas analógicos que se siguen empleando en buena parte de las autonomías. A través de este nuevo modelo, la Xunta podrá geolocalizar en todo momento a los efectivos que trabajen intentando sofocar un incendio, algo que esperan que favorezca la coordinación del dispositivo, sobre todo en los grandes fuegos que requieren un mayor despliegue de medios. Todo para evitar que Galicia sufra una tragedia como la de Portugal o que reviva los angustiosos momentos de la ola de incendios de 2006.

Galicia cuenta con diferentes unidades y cuerpos con competencias en la investigación del origen y la autoría de los incendios forestales. Uno de ellos es la Policía Autonómica, cuyos efectivos se desplazan al terreno quemado para intentar localizar algún tipo de prueba que determine su lugar de inicio o si se trata de un fuego intencionado. Otros son las Brigadas de Investigación Sobre Incendios Forestales (BIIF) encargados de recoger y analizar información de testigos en la zona, así como evidencias físicas que permitan determinar que detrás de un fuego está la mano del hombre. Tanto ellos, como el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se encargan de redactar un único informe que, en caso de que señale a algún sospechoso, es remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad.