Concentración en los juzgados de Sevilla tras la agresión a un funcionario
Concentración en los juzgados de Sevilla tras la agresión a un funcionario - PEPE ORTEGA

Las funcionarias de las oficinas de empleo se convierten en objetivo de la ira de ciudadanos descontentos

El sindicato de funcionarios CSIF presenta su informe anual

MADRID Actualizado: Guardar
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ( CSIF) presentó ayer su estadística anual sobre las agresiones que sufren los trabajadores de las administraciones públicas en su puesto de trabajo. Entre los datos más llamativos destacan que se registra al menos un caso diario de amenazas y que la mayoría de las agresiones van dirigidas a las mujeres (66%).

Según CSIF, la grave situación de paro que afrontan los españoles hacen de las oficinas de empleo uno de los puntos calientes. De hecho, a lo largo de 2015 se registraron 326 casos, un 56 por ciento más respecto a los 208 del año pasado. A esta cifra habría que añadir los que se producen en ámbitos como la Seguridad Social, Médicos evaluadores, la Inspección de Trabajo, las encuestas presenciales del Instituto Nacional de Estadística o los examinadores de tráfico, que han generado al menos medio millar de agresiones y situaciones violentas a lo largo de 2015.

Estadística de agresiones
Estadística de agresiones - CSIF

Barcelona se coloca a la cabeza de los incidentes

Los casos de violencia física y verbal, insultos, descalificaciones, amenazas y daños contra el mobiliario de oficina han ido en aumento desde 2012. Un 76,6 por ciento de los trabajadores han sufrido agresiones verbales (insultos, amenazas, gritos), un 2,8 por ciento físicas (golpes en la mesa, arrojo de objetos), un 0,3 por ciento golpes al trabajador, un 3,7 por ciento agresión verbal y física (hacia el trabajador) y un 16,6 por ciento verbal y física (mobiliario). Aún así, CSIF denuncia que tres de cada diez oficinas carecen de personal de vigilancia.

Por provincias, donde se han comunicado más incidentes ha sido en las Direcciones provinciales de Barcelona, Zaragoza, Madrid, Málaga y Tarragona. Como consecuencia de estas situaciones, algunos empleados sufren situación de ansiedad, nerviosismo, angustia, tensión arterial, temor o miedo a represalias, indefensión, menosprecio por el trabajo que realizan a diario o desprotección por no existir vigilantes de seguridad en sus oficinas.

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