Ilustración de las negociaciones entre los jefes de gobierno. Las consecuencias de no limitar el calentamiento global serían muy graves
Ilustración de las negociaciones entre los jefes de gobierno. Las consecuencias de no limitar el calentamiento global serían muy graves - CARBAJO&ROJO

La Cumbre del Clima llega a su recta final con el turno de los ministros

Llega el momento de limar el borrador del acuerdo entre 195 países y la UE y cuyo propósito será sustituir al protocolo de Kioto y lograr una severa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

MADRID Actualizado: Guardar
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La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (conocida como COP21) afronta esta semana su recta final con el objetivo principal de que 196 partes (195 países y la UE) suscriban este viernes un acuerdo de reducción de emisiones de gases de efecto invernaderoque sustituya al Protocolo de Kioto a partir de 2020.

La Cumbre del Clima arrancó el lunes de la pasada semana con los discursos de 147 jefes de Estado o de Gobierno, entre ellos Mariano Rajoy, que prometió una Ley de Cambio Climático en la próxima legislatura. Después, el turno le correspondió a los negociadores de los países, que comenzaron a trabajar sobre un borrador de acuerdo de 54 páginas en inglés que mantenía abiertas muchas opciones para la discusión.

El proyecto de acuerdo se redujo el pasado jueves a 50 páginas y el plenario de la Cumbre del Clima aprobó el pasado sábado un texto de 48 páginas consensuado por las delegaciones técnicas de los países bajo la tutela del grupo de trabajo especial creado después de la cumbre que tuvo lugar en Durban (Sudáfrica) en 2011, que da paso ahora al Comité de París.

Para agilizar la tarea, Laurent Fabius, presidente de la Conferencia de París sobre clima, nombró a un equipo de personas encargadas de áreas temáticas como mecanismos de aplicación, diferenciación, ambición, acciones antes de 2020, adaptación y exposición de motivos.

A partir de este lunes, el testigo corresponde a los ministros, que tendrán que limar un documento que, según pudo comprobar Servimedia, aún cuenta con 984 opciones entre corchetes y 56 entre llaves.

El documento consta de una página inicial, un Proyecto de Acuerdo formado por 26 artículos (de 20 páginas), un Proyecto de Decisión (22 páginas) y un apartado de «reflexiones» con posibles cambios (5 páginas), a lo que hay que añadir una adenda de 11 páginas con sugerencias introducidas después por las delegaciones.

Cambio hacia el desarrollo sostenible

Una de las opciones que deben resolverse es fijar el límite crítico de aumento de temperatura de la tierra a «por debajo de 1,5ºC» o «muy por debajo de 2ºC» con respecto a los niveles preindustriales, para lo que serán necesarias «fuertes reducciones» de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para ello, los países se comprometen a «aumentar su capacidad de adaptarse a los efectos adversos del cambio climático» y a «efectuar una transformación que conduzca a un desarrollo sostenible, que promueva la creación de sociedades y economías resilientes al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y que no comprometa la producción y distribución de alimentos». Además, los países deberán presentar «preparar y comunicar periódicamente» sus compromisos climáticos.

En el apartado de mitigación, queda por dilucidar si el pico de las emisiones se alcanzará «lo antes posible», si habrá «una reducción rápida», si la emisión global de gases contaminantes será «igual a cero» entre 2060 y 2080 o si la transformación hacia una economía baja en carbono podría hacerse «lo antes posible en la segunda mitad del siglo».

Tampoco está cerrado si los países deben notificar sus reducciones de gases de efecto invernadero cada cinco años, si los países ricos deben ayudar a los menos desarrollados a adaptarse al cambio climático con un mínimo de 100.000 millones de dólares (unos 92.000 millones de euros) al año a partir de 2020, a partir de cuándo entrará en vigor el Acuerdo de París y si el compromiso nacional de reducción de emisiones debe ser jurídicamente vinculante.

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