El Consejo Escolar pide límites para que no se elaboren ranking con los resultados de la «reválida» de Primaria

El Consejo Escolar del Estado pide al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que ponga «límites» en la difusión de los resultados de la evaluación final de Primaria de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) para que esta información «no sea usada en ningún caso para hacer clasificaciones de centros».

Así lo indica el dictamen de la ponencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, sobre el proyecto de orden ministerial que regula la evaluación de 6º de Primaria en el ámbito de su competencia -en Ceuta y Melilla-, y que debatió la semana pasada este órgano consultivo en el que están representadas las principales organizaciones y sindicatos de la comunidad educativa.

El Consejo Escolar señala sobre los resultados de la evaluación de 6º -artículo 3 de la orden-, que el Ministerio se limita a señalar que se «difundirán a la comunidad educativa» y le pide, por tanto, que exprese «con exactitud qué información, qué difusión, durante cuánto tiempo tiene que estar disponible la información» y debería, asimismo, «poner límites para que no sea usada en ningún caso para hacer clasificaciones de centros».

La promesa del ministro

El ministro Íñigo Méndez de Vigo se comprometió hace unas semanas a no hacer públicos los resultados de las evaluaciones con el fin de evitar los ránkings de centros, como le han exigido comunidades autónomas, organizaciones de padres y sindicatos. «Me comprometo a que no se hagan públicos los resultados de las evaluaciones, si ése es el problema», dijo el ministro en una entrevista. Sin embargo, la norma que regula estas pruebas en las ciudades autónomas donde su departamento tiene competencia directa, no contempla esta promesa.

Sobre los cuestionarios de contexto que el ministerio quiere acompañar a las pruebas para obtener información sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de los centros, el Consejo Escolar del Estado advierte en su dictamen de que el centro «puede relacionar estos cuestionarios con el alumnado afectado». Apunta que si bien la información sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de los centros «se obtiene como el sumatorio de las situaciones individualizadas del alumnado», también advierte de que «las garantías de anonimato deberían ser reforzadas» en el proyecto de norma asegurando, por ejemplo, que «únicamente la Administración esté en condiciones de relacionar el código del cuestionario con el alumno correspondiente».

Por su parte, los consejeros de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos ( Ceapa), que votaron en contra de este dictamen, presentaron un voto particular al mismo, pues rechazan «totalmente» la tramitación de este proyecto de orden ministerial que regula una «reválida». Ceapa considera que esta evaluación «desprestigia» al profesorado, que se convierte en «mero preparador» de pruebas externas; que estas abocan al alumnado a que estudie «sólo aquello que se evalúa» y «perpetúa» el aprendizaje «memorístico» y «descontexualizado»; y alerta de que este sistema coloca a los centros educativos «en ránkings absurdos», donde los públicos salen «perjudicados».