El castellano, lengua vehicular en Cataluña

El pasado miércoles la Consejería de Enseñanza de Cataluña, que en virtud de la aplicación del artículo 155 está presidida por el ministro de Educación, Íñigo Méndez Vigo, anunció que el modelo de preinscripción escolar para el curso 2018/19 continuará sin permitir elegir entre el actual modelo de inmersión lingüística en catalán y el modelo bilingüe, en el que el castellano, junto con el catalán, también se utiliza como lengua vehicular.

Es inadmisible que haya sido el propio ministro, quien haya decidido imponer la inmersión obligatoria en catalán a todos los hijos de los catalanes castellanohablantes que quieren que sus hijos sean escolarizados utilizando tanto el catalán como el castellano. Conviene resaltar que la enseñanza de todas las materias en catalán es un modelo que dificulta el aprendizaje solo a los catalanes castellanohablantes, porque para los catalanohablantes no es un modelo de inmersión, sino de enseñanza en su lengua materna. De ahí las diferencias en las calificaciones.

Dos son las razones que ha dado Méndez Vigo para justificar su decisión: el fallo del Tribunal Constitucional (TC) del 20 de febrero y la obligación de respetar la Ley de Educación de Cataluña (LEC). La primera es una simple excusa, porque lo que el TC consideró inconstitucional es que se pudiera descontar, de la partida que el Estado da a la Administración autonómica, el coste de la escolarización en un centro privado de aquellos alumnos que, queriendo que en su enseñanza se utilizaran las dos lenguas cooficiales, la Administración autonómica no se lo había permitido, al no ofrecerles ningún centro público o concertado donde hacerlo. Nada pues anuló el TC sobre el derecho de los alumnos a poder utilizar también el castellano en las aulas.

Respecto al obligado respeto a la Ley de Educación de Cataluña (2009) hay que señalar que en su artículo 11.1 simplemente dice: «El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo». O sea, que si el legislador puso «normalmente» fue para que el TC no la considerara inconstitucional, si no, hubiera puesto «obligatoriamente», que presumiblemente era su intención. Esto mismo permite ahora, al actual Consejero de Enseñanza de Cataluña, considerar que establecer que se imparta en castellano un mínimo de un 25% de las horas de clase no es en absoluto contravenir la LEC, porque no es oponerse a que el catalán siga siendo la lengua «normalmente» utilizada como lengua vehicular. No querer hacerlo, es algo que los catalanes castellanohablantes no van a olvidar en las próximas elecciones.

Nadie duda de que se han de respetar las leyes autonómicas, pero con más obligación se han de respetar las leyes generales del Estado, como es la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que en su disposición adicional trigésima octava apartado 4.c dice, que si bien las Administraciones pueden establecer modelos de inmersión, esto, sólo lo pueden hacer si garantizan a todos los ciudadanos «una oferta docente sostenida con fondos públicos en los que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable». Párrafo que no fue anulado por el TC.

El anuncio del ministerio de que se está trabajando para que el PP catalán presente una proposición de ley, que esta salga adelante y que así se modifique el ordenamiento educativo en Cataluña, es algo imposible que no va a pasar nunca, es una burda estrategia para poder decir: «lo intentamos pero no nos dejaron», es hacerle hacer el ridículo al PP de Cataluña. Solo hay una solución para mejorar la enseñanza de todos los alumnos de Cataluña, que es ordenar a todos los centros de enseñanza que, de cara al curso 2018/19, modifiquen sus proyectos lingüísticos a fin de cumplir el modelo de conjunción lingüística vigente en Cataluña, según el cual, el castellano también ha de ser lengua vehicular en una proporción razonable, no menor al 25% de las horas de clase.

* Antonio Jimeno es el presidente del sindicato AMES