«Por cada examen de conducir anulado, se pierden 35 euros en la autoescuela»

«Por cada alumno que deja de hacer un examen, son 35 euros menos. Hagan el cálculo de las pérdidas ocasionadas a las 9.300 microempresas, centros de formación y autoescuelas que hay en el sector por la huelga de los examinadores de tráfico». La denuncia la pronuncia José Miguel Báez, presidente de CNAE (la Confederación Nacional de Autoescuelas de España), en conversación telefónica con ABC.

Báez dice que no apoya la huelga pero asegura «entender» los motivos que han llevado a parte de los 600 examinadores que hay en el país a secundar el paro, que arrancó ayer lunes y durará, previsiblemente, hasta el próximo 31 de julio, con amenaza de hacerse indefinido a partir de agosto. Por el momento, no ha habido novedades referentes a las jornadas de huelga, y de acuerdo con los datos facilitados por la DGT (Dirección General de Tráfico) a este diario, hoy martes han sido un 72% de los examinadores los que han refrendado la jornada de huelga.

Ayer lunes, según los datos también de la DGT, lo hicieron un 74%, aunque hay diferencias abismales entre provincias: si en Cádiz solo para un 4% del colectivo, en la vecina Málaga lo hace un 100%.

Para Báez, el 46% de la población ya se está viendo afectada por los paros; una situación «dramática» que se ha reproducido después de que el sector y Tráfico acordasen en otoñó de 2015 un incremento salarial de algo más de 200 euros al mes para cada examinador, junto a otras pretensiones profesionales, como la reposición de los cientos de profesionales que se han ido jubilando y cuyos puestos de trabajo no se han cubierto. No obstante, según Tráfico, todas las pretensiones (publicación de notas en web, distanciamiento entre alumno y profesor para reducir las agresiones...) se subsanaron, salvo para aquella para lo que no tienen competencia y que no depende de la función pública y la reserva de oferta para los funcionarios.

Por ese motivo, desde los Ministerios competentes se propone como una de las opciones viables (aunque todavía están sobre la mesa de negociación) que funcionarios de carrera, como personal de Correos y Defensa, superen un concurso de traslado de su plaza y después las once semanas del curso de un examinador de tráfico y se cubran las plazas vacantes. Las partes implicadas juzgan positivamente esa oferta y la «mano tendida» por Tráfico desde el pasado mes de febrero, aunque la tildan de insuficiente. Báez pone cifras: en 2014 eran 900-1.000 los examinadores y ahora superan con poco los 600.

Para la patronal de los examinadores, Asextra, con ese personal militar se cubrirían unas 300 plazas como máximo, una cifra que aún echan para abajo otras fuentes consultadas.

El conflicto se enroca

Precisamente este martes día 20 de junio la Mesa Delegada de Tráfico, integrada por la DGT y sindicatos con representación, además de otros colectivos implicados, se ha reunido durante toda la mañana en la sede de la DGT para analizar esta situación derivada del «conflicto» de los examinadores. La posibilidad mentada de otros funcionarios trasladados se ha puesto sobre la mesa, aunque las opciones están abiertas, «nada está cerrado», insiste Tráfico.

La huelga continuará, por tanto, habida cuenta de que, al decir de las mismas fuentes, el complemento salarial solicitado por el sector afectado «se tiene que acordar en el marco de una negociación global con otros colectivos» y no puede resolverse con una decisión «unilateral de Tráfico».

Hasta el momento, se han suspendido entre 4.000 y 7.000 exámenes prácticos de conducción, y desde la patronal elevan la cuantía de afectados por la huelga a unos 133.000 hasta agosto, durante las 19 jornadas de paro convocadas en un conflicto que parece enquistado, según fuentes consultadas del sindicato CSIF.

Lo peor, además, rasgará el bolsillo de los alumnos, que verán cómo sus clases se retrasan, o tienen que repetirlas por las demoras.