Medio ambiente

Bruselas pide al Tribunal de la UE que multe a España por el deficiente tratamiento de las aguas residuales

La Comisión Europea denuncia que 17 núcleos urbanos podrían estar expuestos a significativos daños para la salud humana y pide una sanción de 46,5 millones de euros, más otra diaria de 171.217,40

Deficiente canalización de aguas residuales en una playa andaluza
Deficiente canalización de aguas residuales en una playa andaluza - ABC

La Comisión Europea ha reenviado a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la UE por no cumplir íntegramente la sentencia del Tribunal de 2011 que instaba a España a garantizar que 37 núcleos urbanos cumpliesen la Directiva 91/271/CEE del Consejo sobre sistemas de recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales. Cinco años después, la cuestión sigue sin encontrar solución en 17 ciudades, en las que 1.400.000 personas, advierte Bruselas, podrían estar expuestas a riesgos significativos para la salud humana y el medio ambiente.

Los Estados miembros deben velar por que las aguas se recojan y traten adecuadamente antes de ser vertidas en el medio ambiente y, conforme marca la Directiva, las ciudades con más de 15.000 habitantes que viertan sus aguas residuales en aguas receptoras que no se consideren «zonas sensibles» deben disponer de sistemas de recogida y tratamiento de aguas residuales.

Galicia, Asturias, Levante, Andalucía y Canarias

No parece que este sea el caso de Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate (Andalucía); tampoco Gijón este (Asturias); Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira y Vigo (Galicia); ni en Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira (Comunidad Valenciana); ni tampoco en Valle de Guerra y Valle de Güímar (Tenerife, Islas Canarias).

Ante este escenario, la Comisión ha pedido al Tribunal de Justicia de la UE que imponga con fecha actual una multa a tanto alzado por un importe de 46,5 millones de euros, así como una multa diaria de 171.217,40 euros si no se logra el pleno cumplimiento en la fecha en que el Tribunal dicte su segunda resolución.

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