El catedrático Pablo Escribá
El catedrático Pablo Escribá - ABC

La Audiencia de Palma reabre el caso Minerval para conocer el destino del dinero logrado con este anticancerígeno

La Sala ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía contra el archivo de la causa y pide que sigan las investigaciones en relación a uno de los imputados

Palma de MallorcaActualizado:

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha dictado un auto en el que ha decidido reabrir el denominado caso Minerval, si bien sólo en relación a uno de los imputados en la causa, el profesor universitario Pablo Escribá. La Sala quiere conocer el destino del dinero que se habría conseguido con la venta del producto del mismo nombre y también si el precio del Minerval era o no excesivo.

La Audiencia Provincial ha estimado, por tanto, el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, al que se adhirió la Universidad de las Islas Baleares (UIB), contra el auto dictado en septiembre de este año por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, en el que se acordó el archivo del caso Minerval. Cabe recordar que en dicho caso se investigaba la presunta comercialización de un supuesto fármaco contra el cáncer —el Minerval— por parte de dos catedráticos de Biología Celular de la UIB, el ya citado Pablo Escribá y Xavier Busquets, y de tres colaboradores de ambos.

En la sentencia originaria, el magistrado Morell había decidido archivar el caso al no haber quedado debidamente justificada «la perpetración del delito de estafa objeto de la denuncia que inició el procedimiento». Para dicho juez, los compradores del Minerval «sabían que se trataba de un producto en fase experimental, no de un medicamento de venta en las farmacias». El magistrado añadía que a quienes adquirían el citado producto no se les aseguraba la «eficacia curativa» del mismo. En ese sentido, «se buscaba una alternativa para pacientes sin tratamientos convencionales aplicables que, aun conociendo ellos o sus familiares las anteriores circunstancias, decidieron tomarlo o adquirirlo pues no tenían nada que perder».

En cualquier caso, el juez Morell también decidió que se remitiera «testimonio de las actuaciones» a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, «por si existen motivos para la incoación y tramitación, en su caso, de un expediente administrativo sancionador por las actividades comerciales realizadas con el producto Minerval (ácido 2-hidroxioléico) desde el año 2004».

«Debe profundizarse»

La resolución de la Audiencia Provincial hecha pública este jueves confirma que no hubo «engaño relevante» en la información facilitada «sobre el producto, su naturaleza y sus propiedades». En ese contexto, tampoco existió engaño «respecto de la cualificación profesional del doctor Escribá». Aun así, la Sala considera que «debe profundizarse» en la línea de investigación del precio de la sustancia sintetizada, así como en relación al dinero recibido por Escribá por parte de quienes adquirieron el producto y sobre el destino final de las cantidades ingresadas por las entidades a las que fueron transferidas.

«Aun cuando se descarte el engaño por el motivo señalado antes, se percibieron importantes cantidades por la administración del producto y debemos conocer si ello se obtuvo de una forma justificada, amparada en el coste del mismo o bien ofreciendo información inveraz sobre el precio de adquisición», prosigue el auto de la Audiencia Provincial. Para la Sala, «sólo despejando la proporcionalidad respecto al coste de la sustancia y el destino final de los fondos obtenidos, podremos llegar a la resolución sobreseyente».

Cabe recordar que en abril de 2016 el Consejo Social de la UIB hizo llegar a la Fiscalía la primera denuncia concreta de una persona que había adquirido el Minerval y que consideraba que había sido estafada. A partir de entonces se pusieron en marcha las investigaciones que en abril de este año concluyeron con el arresto de cinco personas, entre ellas los profesores Escribá y Busquets. En aquel momento había ya una quincena de denuncias presentadas.

La Policía estimaba que, globalmente, se habrían estafado más de 611.000 euros a través de la supuesta comercialización del Minerval. El citado compuesto se encuentra aún en fase de ensayos clínicos, lo que significa que por ahora no tiene aún la calificación de medicamento ni cuenta con la preceptiva autorización para poder ser vendido al público.

Antecedentes del caso

Según los investigadores del caso, las personas que adquirían el Minerval abonaban el dinero que se les solicitaba a través de una entidad sin ánimo de lucro, denominada Fundación Marathon Glioma. Para la Policía, dicha fundación «enmascaraba la venta del producto como una donación voluntaria de los familiares para la investigación». Por otro lado, se sospechaba también que los citados dos catedráticos de la UIB habrían mostrado a los familiares de los enfermos imágenes presuntamente manipuladas para hacer creer que los tumores de los pacientes disminuían de tamaño.

Por su parte, tanto Escribá como Busquets siempre negaron haber cometido cualquier posible irregularidad. Ambos declararon en mayo en calidad de investigados —equivalente a imputados— ante el juez. Los dos profesores se declararon inocentes del presunto delito de estafa agravado que les imputaba la Policía. Busquets y Escribá le dijeron al magistrado que el Minerval contaba con la patente de nutracéutico —complemento alimentario— desde 2003. Asimismo, indicaron que se habría comercializado a precio de coste y que nunca lo habrían vendido como fármaco. Tras prestar ambos declaración, el magistrado no les impuso ninguna medida cautelar.

Por lo que respecta a la posición adoptada por la UIB en esta causa, el Rectorado decidió el 12 de abril de este año, como medida cautelar inicial, suspender la «actividad docente» de Escribá y de Busquets. Ambos profesores colaboraban con la empresa biofarmacéutica denominada Lipopharma, que desde el primer momento se desvinculó por completo y de manera rotunda de cualquier posible irregularidad que pudieran haber cometido dichos docentes.