Arias Cañete no se reunió con la empresa de la mina de uranio de Salamanca

El comisario de Energía y Cambio Climático de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que nunca se reunió con los representantes de la empresa australiana Berkeley, a la que el Ministerio de Industria concedió en septiembre de 2015 una licencia para un proyecto de construcción de una mina de uranio en Salamanca, que ha sido recurrida por dos organizaciones ecologistas. Estas instalaciones están consideradas radioactivas, ya que se realizarán extracciones de uranio.

Arias Cañete precisó, en unas declaraciones realizadas durante su intervención en el Forum-EFE, que la única intervención de la Comisaría que preside ha sido la realización, por parte de los servicios técnicos, de un informe no vinculante, como se hace con todos los proyectos de este tipo. Una obligación que viene recogida en el Euratón (Comunidad Europea de la Energía Atómica),

que debe pronunciarse sobre las condiciones de seguridad de la producción de material nuclear, según ha podido saber ABC de fuentes solventes.

El proceso se inició antes de que Arias Cañete ocupara el cargo de comisario y fue firmado por el comisario y toda la Comisión en su conjunto.

Estudio de impacto

Este aspecto del proyecto nada tiene que ver con el recurso de los ecologistas, que se refiere a cuestiones medioambientales y la declaración de impacto ambiental, sobre las que Arias Cañete no tiene competencias, relacionadas con la ubicación del proyecto.

En relación al aspecto más polémico de este proyecto, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, ha ofrecido hoy a la Audiencia Nacional los datos que necesite para resolver el recurso planteado contra la autorización inicial en el municipio salmantino de Retortillo, que ve como un «tema competencial».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntada por la admisión a trámite de un recurso presentado ante la Audiencia Nacional por Equo y Ecologistas en Acción contra la decisión del Ministerio de Industria de autorizar el proyecto a la compañía Berkeley, Valdeón ha afirmado que esta resolución «no entra en el fondo».

Para la vicepresidenta, se trata de una discusión sobre «a quién le corresponde la autorización», si al Gobierno central o al autonómico. «Le facilitaremos a la Audiencia Nacional, si necesita algún dato los tendrá todos», ha zanjado.