Denuncian «incitación al odio» hacia los niños bilingües de un colegio de Mataró

Desde que trascendió el pasado día 12 de mayo, la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Escuela Pía Santa Anna de Mataró (Barcelona) a impartir el 25% de las clases en castellano, Agustín Fernández, el cabeza de familia que solicitó la medida para sus dos hijos, ha tenido pocos momentos de tranquilidad. Pese a que siempre han querido mantenerse al margen de la polémica, el intenso clima de hostilidad y acoso que han vivido en los últimos dias, tanto personalmente como en las redes sociales, les condujo, según denuncia Convivencia Cívica Catalana (CCC) –entidad que les representa en el proceso–, a adoptar una «decisión desesperada»: pedir el aplazamiento de las medidas cautelares hasta el próximo curso, algo que ayer les concedió el tribunal.

La familia, sin embargo, matizaba este viernes, en declaraciones a este diario: «Es solo por una cuestión organizativa, aunque no renunciamos a nada». Pese a no referirse explícitamente a las presiones recibidas, el padre, en un comunicado al que ha tenido acceso ABC, anima a aquellos padres que quieren bilingüismo para sus hijos a que «no tengan miedo» y lo soliciten. «Aquellos que intentan presionarnos y acosarnos con ataques e insultos no van a salirse con la suya. Os lo puedo asegurar», dice.

Agradece, asimismo, el apoyo recibido y los ánimos para «seguir esta difícil lucha por la convivencia, la tolerancia y el respeto al bilingüismo». Agustín Fernández pide también «soluciones globales» a esta situación y «no parches» en cada centro, lo que, según precisa a ABC, «hace aumentar las tensiones en las aulas».

Aunque no la atribuye a las presiones, su decisión de pedir un aplazamiento de las medidas cautelares coincidió con una intensa campaña de acoso por parte de la comunidad educativa y los partidos políticos en contra de la polémica orden judicial, que culminó con una masiva manifestación a favor de la inmersión lingüística ante las puertas del colegio, situado en el centro de Mataró.

A la concentración, en la que se corearon consignas a favor de la independencia y se hizo un llamamiento a incumplir la orden del TSJC, asistieron todas las fuerzas políticas, excepto PPC y C’s, así como el grueso de la comunidad educativa de la zona. Desde Convivencia Cívica Catalana aseguran que los padres evitan pronunciarse sobre el acoso como «mecanismo de defensa» pero que «las presiones que han sufrido no tienen precedentes».

«Linchamiento político y social»

Respecto al aplazamiento de las medidas cautelares, afirman que «es la única opción que han tenido para proteger a sus hijos del linchamiento político y social». «Ha sido una decisión a la desesperada ante la desprotección judicial y política de los menores», asegura Francisco Caja, presidente de CCC.

Explica, asimismo, que el padre decidió pedir el aplazamiento «cuando vio llegar a su hijo pequeño llorando del colegio». «Se derrumbó al ver sufrir a su hijo. Según me dijo, los niños llevaban varios días nerviosos porque en el colegio les hacían sentir culpables de lo que ocurría», dice Caja, que añade: «El director comunicó a los alumnos de las dos clases afectadas que debían partirse las aulas por decisión de la familia y eso se lo hicieron pagar algunos alumnos».

Por este motivo, adelantaron ayer a ABC los representantes de CCC, la entidad pedirá a la Fiscalía que investigue «la fuerte campaña de presión ejercida sobre la familia desde el ámbito político y educativo». Francisco Caja avanzó que están a la espera de que la Fiscalía les reciba y cuando eso suceda «reclamaremos que se abra una investigación por todo lo sucedido con esta familia».

Según el portavoz de CCC, «lo que ha ocurrido en el colegio de Mataró es un claro delito de incitación al odio. Por eso actuaremos». «La Fiscalía debería haber abierto una investigación de oficio», afirma Francisco Caja.

En cuanto al aplazamiento de la aplicación, Caja reclamó al Tribunal Superior «la misma celeridad» para resolver todas las medidas cautelares y recordó que hay «sentencias firmes de hace cinco años pendientes de resolución por parte de este mismo tribunal».

Mientras, Ciudadanos (C’S) registró ayer una petición de comparecencia en el Parlamento catalán de la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, para que explique si apoya manifestaciones como la que tuvo lugar ante las instalaciones de este centro en contra de la aplicación del 25% de castellano, puesto que, a juicio del partido, responde a una «presión intolerable» hacia padres y alumnos.