Unos 1.000 alumnos de nueve centros de diferenciada de Sevilla y Córdoba se matricularán con normalidad

«Nos gustaría que esto se solucionara de forma pacífica porque llegar a pleito no es agradable. Y que en el Pacto por la Educación entrase de modo natural y pacífico para dar una estabilidad permanente». Así se ha pronunciado hoy el secretario general de CECE, Rafael Caamaño que en la mañana de este lunes ha comparecido en rueda de prensa para explicar la posición de estos centros tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha confirmado que estos centros no vulneran la Constitución y que pueden seguir siendo financiados con fondos públicos.

En la rueda de prensa han participado además de Caamaño, los directores de Altair y Ribamar, Javier Delgado y Macarena López, respectivamente, Carmen Mora, letrada que ha llevado todo el proceso en los tribunales y Abel Martínez, presidente de Fapyma, la federación que agrupa a padres y madres de estos colegios.

Según han anunciado todos ellos, ya han recibido llamada de la Junta de Andalucía y están en conversaciones para que se restituya el concierto y se abran los procesos de matriculación y normalización. Un proceso por el que están afectados unos 500 alumnos de Sevilla y Córdoba pendientes para matricularse y que llega a 1.000 cuando se incluyan los de Formación Profesional, cuyo proceso comienza algo mas tarde.

Según ha insistido Caamaño, CECE no defiende ningún modelo determinado sino la libertad y la diversidad y si dentro de sus centros «hay un grupo que sigue el modelo de diferenciada, y este modelo es declarado legal y constitucional lo apoyamos como a cualquier otro modelo».

Por su parte la letrada Carmen Mora, que ha dirigido estos recursos, ha mostrado su satisfacción porque la sentencia del TS entra en el fondo de todas las cuestiones e incluso en interpretar la convención de la Unesco que es la base para el sustento del modelo pedagógico. «Si los tribunales declaran que no discrimina va a ser difícil que la administración pueda quitarle estos conciertos como no sea retirándoles la autorización», ha dicho Mora insistiendo en que esperan que se restituyan los derechos y estas familias puedan escolarizar a sus hijos con normalidad.

Macarena Lopez, directora de Ribamar, ha recordado que este año han recibido el doble de solicitudes que el curso anterior y que su modelo tiene una gran demanda ya que actualmente hay 466 alumnas en el centro que el próximo año cumplirá 50 años durante los que han pasado 17.000 alumnas por el centro. Según Lopez, que ha insistido en que Ribamar «apuesta por la formación de la mujer» y ha explicado que tienen 26 solicitudes para Primero de ESO 50 para todo el ciclo y que aun esperan las de FP, cuya matriculación no se ha iniciado aún.

Desde Altair, su director, Javier Delgado, ha recordado que hay 300 alumnos que no se quedarán fuera del centro gracias a la sentencia del TS y se ha mostrado muy contento por poder celebrarlo con las familias de los barrios de Los Pajaritos, Su Eminencia o Rochelambert, algunas de las zonas mas desfavorecidas de España, de donde proceden sus alumnos. El centro también celebra el próximo curso sus cincuenta años. Por ello Delgado ha dicho que «se ha hecho justicia y no se ha cometido una discriminación».

Finalmente Abel Martinez, de Fapyma, ha pedido respeto para los padres que eligen este modelo educativo ya que, según ha dicho, ellos respetan otros modelos ya que debe prevalecer el derecho de los padres a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos. Y ha recordado que si se elimina el concierto para estos centros la diferencia se convertiría en un modelo elitista al que solo podrían acceder unos pocos padres. Martinez ha recordado que el modelo de diferenciada se financia con fondos públicos en otros países como Estados Unidos, Belgica, Reino Unido, Irlanda y muchos otros.