Las otras víctimas sevillanas de ETA: sin justicia ni reconocimiento del Estado

José Miguel Cedillo no tiene reconocido el estatus de víctima del terrorismo a pesar de que sólo tenía tres años cuando voló por primera vez acompañando el féretro de su padre, Policía Nacional asesinado por ETA en una emboscada ocurrida el 14 de septiembre de 1982 en Oyarzun (Guipúzcoa). Junto a su madre regresaba a Sevilla a bordo de un avión del Ejército para enterrar al cabeza de familia en su localidad natal de Olivares.

«Qué pena que no recuerde apenas su cara, sus abrazos y sin embargo tenga grabada en la memoria esa atmósfera asfixiante, ese habitáculo estrecho del avión y esa caja». El recuerdo de este sevillano se entrelaza con el que tiene su madre de aquel trágico instante.

De los pies diminutos e inocentes de su pequeño golpeando el féretro y cómo desde la inconsciencia le animaba a que dejara de llorar: «Le decía que había muchas flores. Qué iba a saber yo qué había allí dentro».

Aquel niño que tuvo que luchar desde temprana edad contra las consecuencias de esa experiencia tan traumática, ha hecho guardia desde este lunes junto su madre María Dolores García, viuda de Antonio Cedillo, en la puerta del Ministerio del Interior. Parapetados detrás de una pancarta esperaban que el ministro del Interior en funciones se dignara a reunirse con ellos. Ayer por la tarde, poco antes de que fueran recibidos por los parlamentarios de Sevilla del PSOE, se producía la llamada. Jorge Fernández Díaz los recibirá esta tarde.

En ese esperado encuentro, José Miguel Cedillo y María Dolores García podrán encima de la mesa dos palabras: justicia y reparación. Reclaman una reforma de la ley que considere también víctimas del terrorismo a los hijos, los cuales dejan de recibir ayuda cuando cumplen la mayoría de edad y se retira la pensión de orfandad. Este huérfano del terror a sus 37 años sigue bajo tratamiento psicológico por el horror que le tocó vivir cuando apenas empezaba a andar. Pese a todo estudió, acabó la carrera de Psicología y formó una familia. Pero la ansiedad sigue acechando detrás de cada recuerdo. «No quiero una pensión, quiero que el Estado reconozca que las víctimas no son sólo los que mueren sino los que nos quedamos aquí soportando en muchos casos las injusticias de un sistema que ha acabado protegiendo a los asesinos».

Este huérfano de ETA quisiera culminar hoy una lucha que inició en 2013. En noviembre de ese año uno de los terroristas más sanguinarios de la banda, Jesús María Zabarte Arregi, salía de la prisión de Jaén gracias a la derogación de la doctrina Parot. El Carnicero de Mondragón –porque se dedicó a ese oficio y también por su despiadada manera de matar– había cumplido 29 años en prisión de los 615 a los que había sido sentenciado. De los 17 asesinatos que le atribuyeron al que fuera jefe del comando Donosti está el de Antonio Cedillo y tres compañeros más que cayeron en la misma acción terrorista. Pero nunca fue juzgado por ello.

La matanza de Oyarzun

El 14 de febrero de 1982 cuatro agentes del Cuerpo nacional junto a un quinto compañero que logró salvar la vida regresaban de almorzar de un caserón en Rentería. Viajaban en dos vehículos, una patrulla oficial y un coche camuflado, cuando se vieron rodeados por fuego cruzado en mitad de la carretera. Dos de ellos –Jesús Ordóñez y Juan Seronero– murieron acribillados a balazos en el acto. Alfonso López y Juan José Torrente eran llevados en ambulancia al hospital, aunque el primero moriría en el camino. El padre de José Miguel fue auxiliado por un camionero que paró su furgoneta y lo montó malherido. Pero apenas avanzaron unos metros, los terroristas detuvieron el coche, sacaron al agente y lo remataron en la cuneta.

Esa verdad no le fue revelada a la familia durante años. El único superviviente de lo que se llamó la masacre de Oyarzun no quiso añadir más dolor a la viuda y María Dolores creyó que su marido había muerto como la mayoría, en el acto. De manera salvaje, pero rápido. Sin embargo en 2010 se publicaba el libro «Vidas Rotas» que repasa los crímenes de la banda terrorista. «Así fue cómo nos enteramos de cómo había muerto realmente. Aún hoy no podemos asimilarlo».

Aquella noche de septiembre iba a dejar una sexta víctima, también de la provincia de Sevilla. El sargento de la Policía Nacional Julián Carmona, natural de Pedreras, se suicidaba después de velar el cuerpo de su compañero y amigo. Le habían encomendado acompañar a la familia en el viaje de regreso a Sevilla. No pudo soportarlo más y se pegó un tiro en la cabeza. Su caso fue uno de los que acuñó el síndrome del norte sufrido por funcionarios amenazados en los años más duros del terror de ETA.

Caso prescrito

La masacre de Oyarzun nunca fue juzgada. En 2003, María Dolores le escribió al entonces fiscal general del Estado, Eduardo Fungairiño. Habían pasado dos décadas del asesinato de su marido y nadie se había puesto en contacto con ellos, ¿qué había pasado con los asesinos? En un escrito que aún conservan el representante del Ministerio Público les informaba que la acción la habían perpetrado cuatro etarras: dos de ellos habían caído en enfrentamientos con la Guardia Civil, Jesús María Zabarte había sido sentenciado en 1985 por otros crímenes y había un cuarto, Félix García Manzano, en paradero desconocido. «Había sido deportado a Cabo Verde y nadie fue a por él. Hace poco lo localicé por facebook. Está en Portugal, pero ya es tarde. El caso ha prescrito y nadie pagará por la muerte de mi padre. ¿Dónde está la Justicia?».

La puntilla llegó al ver en la calle al Carnicero de Mondragón y escucharlo decir en una entrevista que no se arrepentía de ninguna de sus acciones. José Miguel buscó Justicia denunciando al etarra por sus declaraciones. De nuevo, portazo. Caso archivado.