Las obras de la Casa de Moneda cumplen cinco años paralizadas por la Junta

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía paralizó el 20 de enero de 2011 las obras que estaban ejecutándose en el edificio de la Casa de la Moneda con el propósito de construir 10 viviendas y dos locales comerciales. Cultura acusaba a los propietarios, a los arquitectos de la obra y a los responsables de seguridad de la misma de pretender construir áticos no autorizados, aumentando la edificabilidad, así como demoler muros del siglo XVIIIy XIX. La Fiscalía de Sevilla presentó en el Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla un denuncia por delito contra la ordenación del territorio y otro contra el patrimonio histórico. La Junta se personó como acusación por un presunto delito contra el patrimonio histórico en este inmueble, catalogado monumento nacional en 1970 y, por tanto, Bien de Interés Cultural (BIC).

El 11 de diciembre, tras varios aplazamientos, se celebrará el juicio en el Juzgado de lo Penal 12 de Sevilla. Tendrá lugar casi cinco años después de la paralización de la obra, tiempo durante el cual los promotores han tenido que hacer frente a los créditos solicitados para ejecutar el proyecto. Como la instrucción se alargó varios años, la propiedad solicitó al juzgado reanudar las obras sin peligro para los elementos protegidos, especificando las medidas aseguratorias. La Junta de Andalucía lo rechazó alegando que la solicitud carecía de concreción sobre las obras a realizar.

Grave riesgo de colapso

Patio del Tesorero, la empresa dueña de la Casa de la Moneda y representada por Manuel Marañón, asegura que el Plan Especial de la Casa de la Moneda —redactado en 1982 por los arquitectos Juan Ruesga Navarro y José Núñez Castain— , así como fotos de la época aportadas en la instrucción, demuestran que esos áticos existían con anterioridad. Según la defensa de Patio del Tesorero, ese plan especial dibujó la Casa de la Moneda con cubiertas de tejas sobre la casi totalidad de la planta ático por la preexistencia de lavaderos.

Por otra parte, la defensa entiende que la normativa actual obliga a los dueños del edificio a respetar su fachada, no los elementos interiores del edificio, por lo que cree que no se ha cometido delito alguno. «La Casa de la Moneda se encontraba en su interior en un avanzado estado de ruina conforme se acredita con oficios de la Gerencia de Urbanismo, en el que se pone de manifiesto la situación de peligro del inmueble», según la defensa, que aporta las fotos que se incluyeron en el proyecto de reformado para demostrar que «los elementos verticales estaban en grave riesgo de colapso y que carecían de agarre, así como del sustento necesario para mantenerse».