¿Es legal alquilar tu casa con Airbnb o Wimdu?

A la hora de planificar un viaje, una de las cuestiones principales es el alojamiento. Existen plataformas muy populares en la red con miles de usuarios para alquilar apartamentos vacacionales como Airbnb o Wimdu, pero, ¿hasta qué punto esto podría considerarse legal en Andalucía?

«En España cerca del 75% de los anfitriones comparte la casa en la que vive y casi la mitad reconoce que este dinero le permite seguir viviendo en su hogar. Asimismo, el 77% de estas personas solo tiene un anuncio». En Sevilla hay actualmente 3.000 anuncios en Airbnb, que se distribuyen por los barrios de las ciudades y más de 700 ofertas en Wimdu, que prefieren el Casco Histórico, cerca de la Catedral. La media del precio por persona y noche es de 26 euros.

Ambas plataformas coinciden en su transparente gestión de los apartamentos vacacionales. « Airbnb es absolutamente legal. Es una plataforma que pone en contacto a dos individuos. Existen anfitriones que se anuncian en la plataforma en más de 34.000 ciudades y 190 países», comentan a ABC.

«Alquilar a través de Wimdu es absolutamente legal. Ofrece un servicio a todos los propietarios de apartamentos privados, cuya responsabilidad es respetar la legislación local», señalan desde esta plataforma.

Sin embargo, aquí viene lo complicado. Este tipo de alquileres aún no cuentan con una legislación en Andalucía como tal que los regule. La modificación este año de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) los ha excluido de su ámbito de aplicación, por lo que son las Comunidades Autónomas las que deben regular esta nueva actividad. En el caso andaluz, según relata a ABC Santiago Padilla, vicepresidente de los hoteleros de Sevilla, «existe un decreto que está muy avanzado, el Decreto de Viviendas de Uso Turístico Vacacional. Según adelantó el nuevo consejero, se promulgará antes del verano».

Estas plataformas abogan por certificar el cumplimiento de la normativa local o al menos, actuar con las administraciones locales con el fin de estar al corriente de la legislación. «En muchos países las reglas no están claras, por lo que Airbnb siempre está dispuesto a trabajar con las autoridades y las diferentes comunidades para conseguir una reglas claras y simples que permitan compartir la casa en la que vives».

«Para nosotros, es una prioridad comunicar a nuestros anfitriones todos los posibles cambios que puedan afectarles en cuanto a la legislación local», comenta Wimdu.

Santiago Padilla señala que esta opción de alquiler «hay que regularlo en unas condiciones que preserven la calidad del destino, la garantía de los condumidores, con todas las obligaciones mínimas, al menos». «El proceso va en una dirección de lo que se oferta tenga un cumplimiento legal y que la vivienda tenga que estar registrada en Turismo y exigir a esos portales que lo que ofrezcan como alojamientos sean alojamientos homologados y que están registrados. Me consta que hay agentes que quieren operar estos alojamientos y son los primeros que están pidiendo una legislación que les permita diferenciarse, con otros objetivos».

«Al estar en una situación opaca, sin estar registrados, evidentemente tienen libertad para actuar. Junto a ello están los que quieren tener un marco para poder dedicarse profesionalmente a esta actividad», aclara Padilla.