La Junta gasta 14,4 millones en alquiler porque no hay Ciudad de la Justicia en Sevilla

La Junta de Andalucía gasta anualmente 14,4 millones de euros en alquilar sedes judiciales mientras sigue estudiando con el Ayuntamiento de Sevilla las dificultades técnicas y jurídicas que plantea la Ciudad de la Justicia, una vez superadas las reticencias de su ubicación en Los Gordales.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha anunciado en comisión parlamentaria que la Junta ha elaborado un plan director para la reordenación eficiente de los espacios de las sedes judiciales de Sevilla, así como la supresión de alguno de los contratos de arrendamiento existentes.

De Llera ha señalado en su comparecencia que se está finalizando la redacción del proyecto de la primera fase de esta racionalización de espacios que, centrada en el El Prado de San Sebastián, supondrá el traslado de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dichas instalaciones.

Respecto a la Ciudad de la Justicia, el consejero ha subrayado que «una vez superadas las reticencias a su ubicación en Los Gordales, el Ayuntamiento y la Consejería han podido retomar el asunto y ahora la prioridad es avanzar en el desarrollo de las actuaciones, ya en su emplazamiento definitivo, e iniciar los trámites para la adquisición sin coste del suelo y la redacción del proyecto.

Destaca la prioridad que las sedes judiciales en propiedad suponen para la Junta de Andalucía que ha reducido en cinco millones de euros el alquiler de edificios, pasando de los 20,2 millones que supuso el arrendamiento en 2010, a los 14,4 millones que abona la Consejería actualmente.

De Llera ha subrayado que este ahorro se ha logrado gracias a la revisión a la baja de los contratos de arrendamiento que hemos aplicado en los últimos años y a la puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos judiciales en propiedad.

En la actualidad, según señala, hay 73 sedes judiciales en régimen de alquiler y 100 contratos vigentes, lo que rebaja en 20 el número de inmuebles arrendados y en 24 el total de contratos con respecto a 2010, reduciéndose así en más de un 22% el número de edificios alquilados.

Ha matizado que la Consejería seguirá optando por el alquiler de inmuebles para uso judicial siempre y cuando, como en el caso de San Fernando, sea la alternativa más inmediata, viable y eficaz para garantizar la calidad del servicio.