Los carteles de la obra que nunca se terminó de ejecutar siguen puestos en la marisma
Los carteles de la obra que nunca se terminó de ejecutar siguen puestos en la marisma - Raúl Doblado
CASO MARISMA

La Junta de Andalucía pagó 22 certificaciones de la obra de la marisma pese a que estaba parada

La Guardia Civil sostiene que hay 24 millones procedentes de los fondos europeos «tirados» en el proyecto

Sólo se hicieron controles de fiscalización de la subvención cuando se descubrió el fraude

SEVILLA Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

La obra que se llevó a cabo para modernizar la margen izquierda del Guadalquivir entre Dos Hermanas y Lebrija, subvencionada con 40 millones de euros por la Unión Europea y gestionada por la Junta de Andalucía, duró 39 meses y estuvo 22 de ellos parada. Sin embargo, la Consejería de Agricultura pagó certificaciones correspondientes a los supuestos trabajos realizados durante el tiempo en que no se movió un dedo en la zona. Así lo atestigua el Equipo de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Guardia Civil en un nuevo atestado entregado al juez de instrucción número 16 sobre el denominado «caso Marismas», un presunto fraude millonario en el que se investiga la falsificación de certificaciones de obras que no estaban hechas con el objetivo de quedarse con la subvención europea, un extremo que ya ha confirmado también la Oficina Antifraude de Bruselas.

En el nuevo informe policial, los agentes concluyen, literalmente, que «de 39 meses que lleva funcionando la obra, 22 meses no se ha trabajado», pese a lo cual la Junta de Andalucía recogió en sus informes de control «que se ha ejecutado el 80 por ciento». Ante esta contradicción, Agricultura justificó esos parones alegando que hizo «mal tiempo» y que no se podía trabajar. Pero en los pagos analizados por la Guardia Civil aparecen abonadas las certificaciones correspondientes a esos meses. Por todo ello, el atestado asegura en sus conclusiones que a las irregularidades ya detectadas hasta ahora en la investigación hay que añadir «certificaciones a golpe de millones, prácticamente a final de cada año, con 22 certificaciones de 39 sin obra ejecutada por mal tiempo».

Con esta mecánica, se justificaba ante la Unión Europea un gasto que en realidad no se había realizado y se conseguía retener la subvención. Sin embargo, el dinero no volvió al terreno, ya que a pesar de que supuestamente se pagó todo lo previsto, la obra ejecutada es inferior al 60 por ciento, según los informes periciales aportados hasta ahora y ratificados por la Guardia Civil. A partir de estos datos, los agentes se cuestionan cómo pudo llevarse a cabo el abono de las facturas sin que los mecanismos de control de la administración pública detectaran las irregularidades. Y tras requisar en la Junta de Andalucía toda la información interna sobre esta obra, la más importante que se licitó en el año 2005 en toda la comunidad, concluyen que durante cuatro años no se hizo ni un solo control. La única fiscalización que consta es la llevada a cabo por la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero el 30 de septiembre de 2009, una vez ya denunciados los hechos, y la que hizo la Intervención General el 13 de septiembre de 2010. En ambas, además, se certificó que la obra realizada se ajustaba al dinero abonado salvo «pequeñas» desviaciones «sin importancia». La Guardia Civil revela, sin embargo, que el propio director de la obra admitió en su informe que «la revisión ha sido muy rápida, por lo que no se han revisado las mediciones de obra civil, ya que es tarea muy trabajosa y requiere mucho tiempo».

El informe recibido por el juez número 16, Juan Gutiérrez Casilla, enumera los hechos supuestamente delictivos que se han descubierto hasta ahora, seis en total: «Licitación irregular como poco; empresas adjudicatarias que terminan siendo subcontratadas y a la vez proveedoras; realizar la obra sin proyecto constructivo, que tenía que estar a los tres meses de la firma del contrato; numerosas incidencias en la ejecución de la obra, con paradas reiteradas de la misma por las diferentes direcciones de obras; certificaciones a golpe de millones prácticamente a final de cada año, con 22 certificaciones de 39 sin obra ejecutada por mal tiempo; y reiteradas ampliaciones de plazos de ejecución y modificaciones presupuestarias».

Todo ello lleva a los agentes a concluir que el dinero que se invirtió sobre el terreno no ha servido para nada, ya que después de casi cuatro años de trabajos la ejecución no llega ni al 60 por ciento y la subvención se ha dilapidado al completo. Concretamente, el dinero certificado fue de 41,8 millones de euros, de los que el 60 por ciento, más de 24 millones, venía de fondos europeos. Todo este montante, concluye el atestado, está «tirado» en la marisma sevillana, donde el sistema de regadío sigue siendo el de los años sesenta.

Ver los comentarios