La Junta de Andalucía lucha contra la obesidad sin expertos que enseñen a comer
El Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía advierte al SAS de que sin estos profesionales la Ley de Vida Saludable no se podrá llevar a cabo
El Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (Codinan) considera que el anteproyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada, recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, es una gran noticia y una buena iniciativa, pero advierte de la necesidad de dotar al SAS de dichos expertos para el correcto desarrollo y puesta en marcha de la ley.
Esta normativa es la primera en nuestro país que nace para combatir el sobrepeso y la obesidad , un problema de primer orden que afecta en la actualidad al 16,6% de la población adulta y al 23% de la infantil , pudiendo duplicarse estos porcentajes en el año 2050, según la Junta de Andalucía.
En Sevilla , un estudio realizado por el Ayuntamiento en 2017 a 2.320 escolares de Primaria indica que el 41,6% tiene exceso de peso.
El objetivo de la ley es garantizar a la población andaluza recibir información, promoción y prevención en iniciativas de salud pública relacionadas con la alimentación equilibrada y el ejercicio físico . Además, se destaca por promover diferentes acciones relacionadas con la limitación en el consumo de determinados alimentos y bebidas no recomendables , frente a alternativas más saludables. Con ello se pretenden promover medidas como las de exigir a los establecimientos la oferta de menús saludables , utilización de p roductos frescos y de temporada o el acceso gratuito a agua potable .
Pues bien, Codinan considera que medidas como las que se pretenden poner en marcha con esta ley son imprescindibles para frenar el aumento exponencial del sobrepeso y la obesidad , así como las patologías asociadas tanto en niños como en adultos.
Sin embargo, como colectivo profesional especializado en nutrición y dietética , considera que «nuestra figura debe estar presente en muchos aspectos de dicha ley», dice el decano de dicho colegio profesional Luis Juan Morán .
«En la ley -sigue- se habla de la formación a profesionales sanitarios de otras especialidades para ejercer en lo que se refiere a una de nuestras competencias directas: la educación nutricional o tratamiento a través de la alimentación . Si formamos parte del sistema sanitario público de salud, podríamos trabajar en equipos multidisciplinares para fomentar la prevención y tratamiento del que se habla».
Morán insiste en que «la ley es un buen comienzo, pero el SAS no cuenta entre sus profesionales con dietistas-nutricionistas para poder llevar a cabo la gran parte de las medidas que establece».
Comenta que en la actualidad los médicos de cabecera «pueden mandar a un paciente a un traumatólogo, alergólogo o neurólogo , por citar algunos ejemplos, pero no a un dietista-nutricionista, porque no hay.
«Van al endocrino -agrega- que estudia cuestiones hormonales pero no enseña a comer. Y no sólo para el sobrepeso, pues hay patologías como la insuficiencia renal o la celiaquía que precisan de dietistas-nutricionistas y, sin embargo, como no hay, los enfermos tienen que acudir a las asociaciones».
No pasa por alto que en la Unidades de Nutrición de los hospitales tampoco están esos profesionales como en las escuelas en donde «las inspecciones de los menús de los niños las hacen veterinarios y farmacéuticos a los que se les han dado un curso».
Poder adquisitivo bajo
Morán pide la creación de la categoría profesional de dietistas-nutricionistas que complemente a las unidades de nutrición, a los centros de atención primaria y a los centros de especialidades para proporcionar reeducación nutricional a estos pacientes, haciendo un seguimiento más continuo y motivacional que permita un mayor éxito en los tratamientos.
Asimismo, destaca «que la mayoría de patologías afecta a las poblaciones con mayor índice de pobreza , y es uno de los principales motivos por los que es vital la inclusión de dietistas-nutricionistas en el SAS ».
«Son personas -termina- que tienen un poder adquisitivo más bajo y con dificultades para acceder a servicios privados. De cara a la igualdad entre la población andaluza, es totalmente necesario prestar este tipo de servicio desde la Administración pública a dichas personas que tienen menos recursos económicos para resolver estos problemas nutricionales , sobre todo de manera preventiva».
