Juicio por matar a su mujer con la tapa de una cisterna en Alcalá de Guadaíra

El juicio contra un hombre acusado de matar a su mujer golpeándole con una tapa de una cisterna comenzará este lunes en la Audiencia de Sevilla con la constitución del jurado popular.

El martes está previsto que sea interrogado el acusado, Mario C.M., de 53 años, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 23 años de prisión por maltratar habitualmente a su mujer, con la que tenía dos hijos, y por asesinarla la madrugada del 3 de junio del 2016 en el domicilio conyugal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

La mujer, María del Águila P.H., de 50 años y que llevaba 27 años casada, fue apuñalada por su marido en tres ocasiones por la espalda de forma sorpresiva y con intención de matarla, según la Fiscalía.

Tras refugiarse en el cuarto de baño, fue golpeada en varias ocasiones en la cabeza con la tapa de la cisterna del inodoro hasta provocarle la muerte por traumatismo craneoencefálico. La Fiscalía pide que el acusado indemnice con 150.000 euros a sus dos hijas, a las que no podría acercarse hasta ocho años después de salir de prisión, y con 60.000 euros a cada progenitor de la mujer. También solicita que el acusado no sea clasificado en tercer grado, o régimen de semilibertad, hasta que cumpla la mitad de la pena. En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía recuerda que la víctima fue sometida durante su matrimonio a continuas vejaciones, con conductas agresivas e «impositivas» y «con insultos frecuentes» por parte de su marido, que volcaba sus frustraciones sobre su mujer y sus hijas.

El 17 de marzo del 2008, la Policía tuvo que acudir al domicilio familiar porque el hombre había agredido a su mujer cogiéndola por los pelos, afirma la Fiscalía antes de explicar que la situación se agravó porque el acusado culpaba a su mujer de las enfermedades que sufría. Tras esa agresión, la mujer denunció a su marido, aunque luego retiró la denuncia y el juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Alcalá de Guadaíra archivó el caso porque el juez no disponía de declaraciones, pruebas o indicios para investigar si había habido o no un hecho delictivo por parte del denunciado.