El juez prohíbe a Espadas colocar al Gepol bajo mando de los implicados en el amaño de las oposiciones

El titular del Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla ha prohibido al Ayuntamiento de la capital andaluza que los responsables del Gepol —el grupo de asuntos internos de la Policía Local— sean reubicados en otros destinos donde se encuentren bajo el mando de los implicados en el caso que ese mismo cuerpo investigó y sacó a la luz, el de los amaños en las oposiciones a este cuerpo. Ese asunto de las trampas en los exámenes de acceso fue instruido por el Juzgado de Instrucción 9 y ha derivado en el Penal con un total de 42 personas procesadas, de las que 37 son policías. Han sido encausados por superar las pruebas aprovechándose de una presunta filtración de la plantilla de corrección de la prueba tipo test y del caso práctico, estando entre los beneficiados familiares de agentes del cuerpo.

Las irregularidades fueron destapadas por el Gepol durante el mandato anterior y ahora desde ese grupo se aprecian represalias por parte de los responsables de al Policía Local con la connivencia, incluso, del Ayuntamiento.

Hace unos meses, por un lado, se produjo el anuncio del alcalde, el socialista Juan Espadas, de la disolución del Gepol, bajo la dispersa justificación de que dicha unidad no se encuentra reflejada en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Policía Local. Exactamente lo mismo que ocurre con otras unidades como la Línea Verde, el Grupo Giralda o el Grupo Diana —contra la violencia machista—, que tampoco aparecen en esa RPT. Pero el que se disuelve es el Gepol, algo que conforma una vieja reivindicación del sindicato mayoritario en dicho cuerpo, el Sppme, que no sólo ha denunciado en los últimos años esa nula presencia del Gepol en la RPT sino que incluso ha criticado la falta de preparación de sus componentes y determinadas conductas a su juicio reprobables en la labor de investigación de los amaños. Este sindicato mayoritario se ha visto claramente afectado por las pesquisas de asuntos internos, ya que uno de los principales imputados forma parte de la cúpula del mismo (al que no sólo se le atribuye la revelación de secretos sino también un posible cohecho), mientras que otro de los procesados es el hijo del presidente del Sppme. La relación de este sindicato con el actual gobierno local es, hasta ahora, bastante mejor que con el anterior, de ahí que quienes denuncian el presunto acoso laboral señalen también la «ayuda» municipal en ese sentido.

Tras la disolución del Gepol, desde este grupo se han encontrado ahora con ese otro «ataque» en forma de traslados forzosos. Tanto es así que han denunciado por la vía contencioso administrativa un teórico acoso laboral de varias personas. A una de ellas ya se le ha notificado. Se trata de una de las responsables del grupo que destapó los amaños, que ha sido trasladada desde su destino en la comisaría de Nervión al área de transmisiones, esto es, en la sede central del cuerpo, la jefatura de Ranillas. Y allí debe estar bajo el mando de quienes están implicados en el caso de amaños de las oposiciones o familiares directos de ellos. Ese hecho, que va contra la normativa interna del cuerpo, fue denunciado y ha sido admitido a trámite por parte del Juzgado 13 de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla.

Antes de eso, además, el tema fue al departamento municipal de Personal por parte de los afectados y la propia Fiscalía, a causa de los vasos comunicantes del asunto, lo tuvo en cuenta en la fase de instrucción del caso de los amaños, elaborando un contundente informe donde alertaba de los traslados forzosos y señalaba su irregularidad. «La mencionada reubicación de los integrantes del grupo Gepol —indicaba el Ministerio Público— debe garantizar la tranquilidad y seguridad de los mismos a fin de que la prueba a desarrollar en el acto del juicio oral se realice con las debidas condiciones de objetividad e imparcialidad, habida cuenta que han sido propuestos como testigos o como testigos-peritos por la acusación». En ese escrito, la Fiscalía recordaba también la «necesaria salvaguarda de la información contenida en los discos duros» de los ordenadores del Gepol.

El tema da ahora un salto cualitativo y es el propio juez de lo Penal, el que va a juzgar a los presuntos tramposos de las oposiciones después del verano, el que en un auto al que ha tenido acceso este periódico se adhiere a la postura de la Fiscalía y notifica a las partes, entre ellas el Ayuntamiento, que se libre oficio «en los términos interesados por el Ministerio Fiscal».