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El juez del amaño de las oposiciones de Policía también avala al grupo que disolvió Espadas

El juicio comenzará el 12 de septiembre de 2017 y durará al menos tres meses

Policías locales, en un acto del Cuerpo
Policías locales, en un acto del Cuerpo - Juan Flores
Alberto García Reyes Sevilla - Actualizado: Guardado en: Actualidad

El Grupo Especial de la Policía Local, unidad de asuntos internos que investigó el fraude en las oposiciones de acceso al Cuerpo en 2012 y que ha sido disuelto por el Gobierno de Juan Espadas tras las numerosas peticiones del principal sindicato policial, cuenta también con el aval del juez de lo Penal número 10 de Sevilla, David Candilejo Blanco, que será en encargado de enjuiciar a los 42 procesados con los que cuenta la causa. En un auto emitido por el magistrado el pasado 14 de septiembre, al que ha tenido acceso ABC, Candilejo deniega la mayoría de las pruebas solicitadas por los inculpados, ya que considera que muchas de ellas van dirigidas a invalidar la investigación del citado Gepol. Las defensas pedían la declaración como testigos de dos personas, pero esta prueba «no se admite, toda vez que la finalidad de la misma es poner en duda la legitimidad del grupo Gepol, y ello ha sido amplia y repetidamente resuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla» en diferentes autos.

Igualmente, el magistrado rechaza la testifical de dos funcionarios del Ayuntamiento, también solicitada por varios procesados, porque su pretensión es «incidir nuevamente en la cadena de custodia de los exámenes objeto de intervención, toda vez que dicha cuestión ya ha quedado resuelta» también en distintos autos de la Audiencia. Lo que defienden los acusados es que el Gepol accedió a los exámenes sin orden judicial y no se respetó la cadena de custodia, por lo que podrían haber sido manipulados. Pero la Audiencia ya ha resuelto que ese procedimiento se hizo conforme a la ley y que el Gepol actuó de forma correcta ya que lo que hizo «no es una diligencia de entrada y registro, sino ante la intervención cautelar y aseguramiento de unos exámenes originales, para los cuales se comisionó a la Policía por auto judicial, lo que constituye suficiente título legal habilitante».

Otra de las peticiones que se realiza es que declaren los operarios de la copistería en la que se hicieron las copias del examen, ya que los recurrentes sostienen que ahí se pudo producir la filtración. Pero esta prueba tampoco se admite porque la Audiencia ya la consideró inverosímil.

Los recursos

Todos los recursos van, por cierto, en la misma dirección: intentar desacreditar la legitimidad del Gepol como grupo investigador para desmontar todo el caso. Los opositores que supuestamente se beneficiaron de la filtración del examen y los miembros del tribunal a los que se acusa de haberla llevada a cabo mantienen desde un primer momento que si las preguntas llegaron a manos de los aspirantes sólo pudo ser porque se repartieron desde la copistería. Y en el resto de la instrucción su defensa se ha basado casi exclusivamente en atacar la credibilidad de los policías investigadores, no en desmontar el relato de los hechos. Los encausados han insistido en que el Gepol no es un grupo de Policía Judicial y, por tanto, no podía recibir el encargo de la Fiscalía o del juez. Pero la Audiencia ya aclaró que los órganos judiciales pueden recurrir a los agentes que consideren oportunos para llevar a cabo sus instrucciones. Posteriormente, se trató desacreditar la formación de los agentes que componían el grupo alegando que no tenían estudios como para llevar a cabo unas diligencias tan complejas. Y, por último, se puso en duda la custodia de los exámenes.

Ninguna de estas peticiones ha sido aceptada ni por el instructor, ni por la Audiencia, ni por el juez de lo penal, así que los 42 procesados se sentarán en el banquillo a partir del próximo 12 de septiembre de 2017 en un juicio que tiene previsto durar al menos tres meses.

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