El jefe de la Policía Local de Sevilla niega que el traslado forzoso de un oficial fuera un castigo

El jefe de la Policía Local de Sevilla, Gabriel Nevado, niega las acusaciones de acoso laboral que articula un oficial del Cuerpo contra él, quien sostiene que fue castigado a un traslado forzoso sin motivo profesional que justificara esa medida.

Con más de una hora de retraso de la hora prevista, comenzaba la declaración del superintendente ante la jueza de Instrucción número 17 de Sevilla. Nevado, que comparecía en calidad de investigado, ha defendido que sólo dio una orden dentro de sus competencias con la medida adoptada sobre el agente denunciante y que no había intención alguna de menoscabar su integridad moral ni de ejercer algún tipo de «mobbing laboral».

Según ha detallado su letrado a la salida de la comparecencia, su cliente sostiene que el nuevo cometido encargado al oficial, que pasó del edificio del Ayuntamiento a la sede central de la Policía Local en la Ranilla, era incluso de mayor importancia porque tenía que velar por la seguridad de unas instalaciones donde trabajan centenares de funcionarios públicos.

Este periódico ha podido ponerse en contacto con la presunta víctima, quien defiende que en su destino de origen, en el servicio de seguridad del Consistorio, había ejercido correctamente sus funciones como mando y que no había explicación alguna para que fuera reubicado tras ocho años a las dependencias de La Ranilla, donde ni tan siquiera le proporcionaron medios para que pudiera desempeñar sus funciones.

Además afirma que la orden que le dieron fue verbal, le negaron dársela por escrito y no supo nunca a qué debía dedicarse en su nuevo destino porque no le dieron ninguna indicación. «Tras recibir un reconocimiento en el Día de la Policía del año pasado, me informaron que me cambiaban de puesto sin darme ninguna explicación. Éramos tres oficiales en el Ayuntamiento, ¿por qué yo y no otro?».

Este funcionario está de baja psicológica porque no podía soportar la presión de verse relegado de sus funciones, asegura, y que «todos los compañeros» le preguntaran a diario a qué se debía el castigo de su reubicación «en la puerta del edificio de la Ranilla sin saber qué debía hacer».

Esquivando a las cámaras

Tras más de una hora de declaración del jefe de la Policía Local, pasaban a testificar varios testigos propuestos por la parte denunciante. Nevado ha intentado esquivar las cámaras tanto a la llegada como a la salida del juzgado, provocando más de una imagen cuanto menos curiosa. Pasadas las 12.30 horas salía por un acceso lateral del edificio judicial en el enésimo intento de no ser grabado.

Nevado es el segundo jefe de la Policía Local de Sevilla que pasa por los juzgados del Prado como investigado, antes imputado. Su antecesor, el superintendente Juan José García está acusado de haber participado en el amaño de las oposiciones de 2012. Este procedimiento está mucho más avanzado y a un paso de celebrarse la vista oral. La Fiscalía le pide a Juan José García tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, así como diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Además, no es la primera vez que se cruzan denuncias por supuesto acoso en el seno de la Policía Local, cuya imagen se está viendo muy afectada con estos frentes judiciales abiertos.

La Justicia tenía que mediar antes de verano para evitar el traslado forzoso de los antiguos integrantes del Gepol (grupo de asuntos internos) a destinos donde iban a quedar bajo las órdenes de los funcionarios policiales que previamente habían investigado dentro de la trama de las oposiciones que acabó con más de cuarenta imputados. El Gepol fue quien destapó las trampas en el concurso para favorecer a familiares de policías.

En julio la Fiscalía denunciaba a tres miembros del Cuerpo por supuestas amenazas a un miembro del Gepol y a su esposa. Dos de los denunciantes están procesados en la causa de las oposiciones. El Ministerio Público calificaba los supuestos episodios sufridos por la pareja de «represalia por su actuación profesional».