El concejal socialista de Dos Hermanas Agustín Morón
El concejal socialista de Dos Hermanas Agustín Morón - ABC
DOS HERMANAS

La Fiscalía excluye a Morón y Paniagua del chantaje al candidato de Ciudadanos en Dos Hermanas

Pide que se mantenga la causa sólo contra el periodista que chantajeó a Varela

DOS HERMANAS Actualizado: Guardar
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La Fiscalía de Dos Hermanas ha recurrido el auto de apertura de procedimiento abreviado dictado por el juez que ha instruido el caso de la presunta extorsión al candidato de Ciudadanos en esta localidad, Manuel Varela, para que renunciara a su candidatura el día previo a las últimas elecciones locales si no quería que se distribuyera un video suyo con imágenes comprometedoras. El Ministerio Público pide que se archive la causa contra todos los investigados, salvo el periodista que mostró el video a Varela y supuestamente le transmitió las condiciones para evitar su difusión.

En un escrito al que ha tenido acceso este periódico, la fiscal de Dos Hermanas, María Ángeles Calvo, solicita el sobreseimiento de las actuaciones respecto de los concejales Agustín Morón (PSOE) y Luis Paniagua (PP), así como del exportavoz del PP nazareno, Manuel Alcocer, «por entender que no existen en la causa suficientes indicios incriminatorios que sustenten la apertura de un estadio de mayor incriminación procesal como es la fase de juicio oral, donde, a través del escrito de acusación se debe enervar el principio de presunción de inocencia».

Según la fiscal, el proceso «es tan abierto y son tantas las posibilidades que pueden plantearse partiendo de los hecho indubitados que, se estima, no pueden valorarse como prueba indiciaria suficiente». Los cruces de llamadas entre el supuesto extorsionador y los concejales durante las horas previas a los hechos suponen, a juicio de Calvo, «una horquilla abierta de posibilidades, todas ellas igualmente válidas».

No obstante, la fiscal sí considera que existen «suficientes indicios incriminatorios» contra el periodista que mostró el video al candidato de Ciudadanos. «Su conducta de intermediario en la extorsión y posterior ocultación y destrucción del objeto del delito, en concreto borrar el video que contenía la extorsión y no guardar adecuadamente el terminal en el que se recibió, no puede ampararse en los derechos que como periodista le son reconocidos constitucionalmente, en especial el derecho a mantener el secreto de la fuente de información», explica la Fiscalía, que mantiene contra él todas las acusaciones y pide que sea juzgado.

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