El exsecretario de Empleo afirma que con el fondo de los ERE no ayudaban a empresas sino a los ciudadanos

Nueva sesión del juicio de los ERE, una jornada muy técnica en la que ha finalizado la declaración de el ex secretario general técnica de la Consejería de Trabajo, Javier Aguado, que ha asegurado que la modificación presupuestaria para la partida presupuestaria de los ERE (31L) se ajustaba a la legalidad y que había una fiscalización de las partidas presupuestarias.

Sólo al final de su declaración y a una pregunta del presidente del tribunal, Aguado ha reconocido haber asistido a «alguna reunión con Griñán» para hablar acerca del crédito de la partida presupuestaria de la 31L, más conocida como «fondo de reptiles».

Durante la sesión, Javier Aguado ha insistido en que la Secretaría General era un órgano de control pero no tenía responsabilidad fiscalizadora ni auditora y no le extrañó que se produjeran las modificaciones e incrementos de las partidas presupuestarias, algo que incluso pedían los parlamentarios. De hecho, Aguado ha declarado este miércoles ante el tribunal que «no le resultaba raro» que se produjeran esos incrementos presupuestarios porque no se ayudaba a las empresas sino a las comarcas o a los ciudadanos. « Si no se ayuda a la Faja Pirítica de Huelva cerramos el Condado», ha dicho.

Además, Aguado, que hoy ha contestado a las preguntas de su defensa, ha querido ratificar en que él no participó en ninguna irregularidad y que no cometió ninguna ilegalidad . «No he cometido ninguna ilegalidad ni he tenido ninguna señal de alerta de que se estuviera cometiendo ninguna irregularidad», ha recalcado.

Posteriormente ha comparecido Lourdes Medina, exsecretaria general técnica de Empleo , que no ha querido ratificar su declaración prestada ante la juez Mercedes Alaya en enero de 2014 porque, según ha dicho, el acta final no recoge fielmente sus manifestaciones.

Medina Varo ha admitido que conocía al exdiputado socialista, Ramón Díaz , aunque ha dicho que no sabía exactamente donde trabajaba. Según ha declarado, conocía las líneas generales de la Consejería, no las actuaciones concretas y también que desde su cargo «no entraban» en las líneas generales de ayudas.

A preguntas del fiscal, la procesada ha puntualizado que el alcance de sus competencias está establecido por ley y que ella no gestionaba el presupuesto sino el personal y solo eran responsables de la organización de las unidades administrativas y del personal aunque semanalmente analizaba los datos de ejecución de cada programa presupuestario. La sesión continua con el interrogatorio del fiscal Anticorrupción. La próxima en declarar será la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo , aunque es poco probable que su comparecencia se produzca hoy.