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La empresa de audioguías investigada en la Alhambra cobró sin contrato en el Alcázar

La Agencia Tributaria ha pedido varios expedientes tras la querella de la Fiscalía de Granada, donde se investiga un lucro de cinco millones. El Ayuntamiento asegura que esta situación sólo se produjo durante dos meses, que Stendhal pagó el canon y que no tiene constancia de ninguna investigación

Varios turistas pasean por el Alcázar siguiendo las indicaciones de las audioguías
Varios turistas pasean por el Alcázar siguiendo las indicaciones de las audioguías - J.L. Ortega
ALBERTO GARCÍA REYES Sevilla - Actualizado: Guardado en: Actualidad

La empresa contra la que se ha querellado la Fiscalía de Granada por un supuesto fraude de cinco millones de euros en la gestión de las audioguías de la Alhambra, Stendhal Museum Solutions, ha estado ejerciendo esta misma labor también en el Alcázar de Sevilla sin mediar contrato de por medio durante varios meses tras expirar el contrato que mantenía. Es decir, la dirección del monumento sevillano ha concedido la explotación de este servicio, por el que anualmente se factura una media de medio millón de euros, a esta empresa bajo sospecha sin adjudicar el concurso y sin estipular una contraprestación a cambio. La situación se ha alargado, según las fuentes consultadas, durante varios meses y, finalmente, se ha convocado un procedimiento que también ha ganado Stendhal. Desde el Ayuntamiento se aseguró ayer a este periódico que esa situación sólo se ha mantenido desde finales de diciembre al 1 de marzo, fecha en la que se adjudicó el nuevo contrato, ya que no dio tiempo a licitar antes el nuevo y se acordó con Stendhal una «prórroga tácita».

La Agencia Tributaria investiga actualmente este expediente del Real Alcázar dentro de las pesquisas que está llevando a cabo sobre la compañía de audioguías en la instrucción judicial del caso de la Alhambra, que supuso la dimisión de la directora, la socialista María del Mar Villafranca, y de tres responsables más del monumento nazarí: la secretaria del Patronato, Victoria Chamorro; el jefe de Comercialización, José María Visedo; y el interventor delegado, Miguel Gutiérrez. Además, la Fiscalía se ha querellado contra el administrador de Stendhal, Alejandro López, y contra su director general, Luis Parra.

Según el escrito de denuncia del Ministerio Público, los administradores de la Alhambra y los responsables de la empresa de audioguías «establecieron condiciones que perjudicaron seriamente los intereses» del recinto, una situación que también se está investigando ahora en el Alcázar de Sevilla según ha podido confirmar ABC en las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento, aunque todavía esta rama de la investigación está en fase incipiente. Concretamente, según las mismas fuentes, Stendhal ha estado explotando el servicio de audioguías del Alcázar en el primer trimestre de 2016 sin contrato y sin que la dirección del espacio sevillano haya impuesto ningún canon a la empresa como contraprestación. En este período se han generado unas ventas por este servicio de 1.500 euros diarios, lo que habría permitido a Stendhal ingresar más de cien mil euros sin reportar ningún beneficio al Alcázar. Además, en marzo se adjudicó un nuevo concurso para los próximos cuatro años y volvió a ganar la misma empresa a pesar de que la Junta de Andalucía ha solicitado en el juzgado de Granada que investiga el fraude de Alhambra que se le inhabilite para participar en concursos públicos, una medida sobre la que el instructor todavía no se ha pronunciado.

Ante la situación de supuesta ilegalidad generada y en mitad de la investigación, Stendhal presentó un escrito a la Unidad de Administración del Alcázar para pedir la formalización de un contrato temporal que solucionara el problema o, en su defecto, que se le cuantificara el canon que tenía que pagar durante estos meses. La dirección del monumento no llegó a contestar este documento. Y, según detallan las citadas fuentes, Stendhal decidió in extremis hacer un ingreso voluntario. Sin embargo, la cantidad aportada es la mitad de lo que estipula el nuevo contrato, ya vigente, por el que la compañía de audioguías tiene que abonar 60.000 euros trimestrales al monumento sevillano.

El gobierno municipal asegura que «en todo momento se ha actuado de acuerdo a la legalidad» y que «únicamente, mientras no se culminaba el siguiente expediente de contratación, firmado el 1 de marzo, se mantuvo la misma empresa prestando el servicio para no dejarlo al descubierto». Además, los actuales responsables de la gestión del Alcázar afirman que «el canon se ha abonado y la empresa se encuentra al corriente en los pagos» después de que se le hubiera requerido el ingreso por parte de la dirección y añaden que «actualmente es adjudicataria de acuerdo con un procedimiento abierto que se resolvió en mesa de contratación siguiendo los criterios establecidos en los pliegos de condiciones». Igualmente, el Ayuntamiento reitera que no tiene constancia de ninguna investigación al respecto.

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