Aspecto de la dehesa de Tablada
Aspecto de la dehesa de Tablada - JUAN FLORES
URBANISMO

Los dueños de Tablada mueven ficha para recuperar la inversión

Las inmobiliarias piden una revisión de oficio a Defensa casi dos décadas después

SEVILLA Actualizado: Guardar
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La sentencia del Tribunal Supremo del 6 de julio de 2016 enterró para siempre hasta la mínima pretensión de los propietarios de la dehesa de Tablada para realizar cualquier tipo de operación urbanística. Los jueces ordenaban la integración al dominio público marítimo terrestre de los 200 metros de superficie en paralelo desde el río Guadalquivir, donde en su día estuvo ubicada la antigua base aérea del Ejército.

Ese suelo sigue en manos de varias constructoras e inmobiliarias agrupadas en el consorcio Tablada Híspalis que, tras un año de estudio y pesada digestión del fallo judicial, aspiran a recuperar la inversión. Pero para ello hay que volver al inicio de este asunto, que ya acumula más de dos décadas de literatura.

Según ha podido saber este medio, las empresas ya han solicitado una revisión de oficio al Ministerio de Defensa, el propietario original con el que arrancó este serial especulativo allá por 1997. Este procedimiento al que han recurrido las firmas afectadas permite anular los actos administrativos en varias situaciones, entre ellas cuando son contrarias al ordenamiento jurídico como es el caso.

Con la sentencia del Supremo en la mano, el consorcio propietario pretende impugnar todas las actuaciones jurídicas que emprendió Defensa para su enajenación, lo que implica la nulidad de las escrituras públicas y, por tanto, la devolución del desembolso que realizaron en su momento.

La aspiración de las empresas es recuperar, al menos, los 82 millones de euros que pagaron en su día por estos terrenos más los intereses, pero ya para entonces los suelos habían multiplicado su precio sin haber puesto siquiera un solo ladrillo. Las primeras que se hicieron con la codiciada parcela fueron las antiguas cajas de ahorro sevillanas –El Monte y San Fernando– que las vendieron al sector privado por más del doble de lo que pagaron por ella. Con posterioridad las compañías implicadas en el consorcio realizaron operaciones de compraventa entre unas y otras para subir su precio en el mercado con el fin de conseguir la mayor rentabilidad posible. Y en esas llegaron los primeros varapalos con varios reveses judiciales y la consideración de suelo no urbanizable en el PGOU de 2006 por su condición de «terreno inundable».

Ya para entonces los propietarios habían renunciado a la gran expansión inmobiliaria con la que se aventuraron en este negocio, con lo que el mejor resultado que podían esperar es precisamente la reversión de todo el proceso y la devolución de las cantidades.

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