Caso Marismas: La Junta de Andaluicía pagó 18 millones en facturas falsas

Las tuberías que la Junta de Andalucía declara que pagó a través de la subvención europea para modernizar las instalaciones de regadío de la marisma sevillana entre Sevilla y Lebrija nunca se suministraron. Un nuevo atestado que ha presentado la Guardia Civil en el juzgado que instruye el llamado Caso Marismas, en el que se investiga una posible malversación de 40 millones de euros en un proyecto que se justificó y realmente nunca se hizo, concluye sin vacilaciones que tanto los movimientos de tierra que se certificaron en 2005 —fecha en la que supuestamente comenzaron los trabajos— como el acopio de tuberías se acreditaron con «facturación falsa», ya que «ese año no se ejecutó obra alguna». De forma más detallada, los agentes del Grupo de Delitos Económicos aseguran que «no se detecta compra alguna por parte de la UTE Riegos Marismas —adjudicataria del proyecto— con las empresas relacionadas con la venta de tuberías en el año 2005» y que tienen pruebas evidentes «de que no se facturó por compras el acopio de tuberías en diciembre de 2005», por lo que «es evidente la falsedad de la primera certificación» aprobada por la Junta de Andalucía en aquel tiempo.

En lo relativo a los movimientos de tierra, supuestamente contratados a la empresa Tegner, los investigadores señalan que hay cuatro facturas falsas que suman 3.210.778 euros, «pues en el mes de diciembre de 2005 y enero de 2006, a los que corresponden esas facturas, no se realizó trabajo en la obra por esas importantes cantidades. Igualmente creen que se produjo esta misma situación con la empresa suministradora de tuberías, Meci Works, que a través de sus distintas sociedades facturó 14.856.280 euros. En total, la facturación dudosa que la Junta abonó sin que en teoría las obras se hubieran ejecutado fehacientemente suma 18 millones de euros, casi la mitad del total de la subvención de la Unión Europea para un proyecto que costaba 60 millones de euros.

Tegner y Meci son, por cierto, dos empresas locales que habían ganado el concurso en la primera adjudicación, pero que fueron eliminadas después porque la Junta alegó que no tenían certificación para realizar obras públicas. El concurso se celebró otra vez y ganó Befesa a pesar de que había quedado quinta en la valoración. Y la entonces filial de Abengoa contrató todos los suministros con las primeras ganadoras. Algunos testigos han llegado a declarar que se hizo un acuerdo ante notario previo a la adjudicación definitiva para amarrar estos contratos. Tegner es una sociedad que pertenece al empresario palaciego Emilio García, conocido como «El Murciano», mientras que Meci es propiedad de Manuel Moreno, también investigado en el caso Aquamed de Valencia.

En este último atestado, no obstante, se aclaran muchas más cosas que aún estaban por resolver. Una de ellas es la posibilidad de que Tegner hubiera ganado aquel primer concurso gracias a la intermediación del entonces presidente de la Comunidad de Regantes, Diego García, a quien presuntamente le había regalado un Mercedes ML 320. La Guardia Civil aporta en este aspecto otro dato muy llamativo. La empresa Genil Oil, cliente habitual de Tegner (El Murciano), compró este vehículo que inmediatamente vendió, según la documentación de las transferencias que obra en Tráfico, a un intermediario llamado Ginés. Éste, a su vez, se lo habría vendido poco después por 57.000 euros al presidente de la Comunidad y máximo responsable de la adjudicación del concurso. A esto hay que añadir que, según los agentes, el receptor final del Mercedes, Diego García, gastó mucho más dinero en el año de la compra del coche, 2007, del que declaró haber ingresado. Exactamente tuvo unos ingresos declarados de 75.140 euros y unas compras imputadas de 88.546, un dato que la Guardia Civil expone en su informe sin emitir ninguna conclusión al respecto.

Por último, los agentes han tomado declaración a los responsables del resto de empresas que concursaron para preguntarles si detectaron alguna anomalía en la adjudicación, ya que la ganadora, Befesa, no había tenido la mejor valoración. Las tres primeras clasificadas fueron Vías-Cobra, Corsán-Azvi y FCC-Aqualia. Los investigadores han contactado con sus apoderados, quienes han asegurado que «desconocían la clasificación final de la licitación, sólo le dieron la clasificación económica, han tenido conocimiento de la misma en el acto de la declaración y sorprendidos algunos de ese resultado». Las tres coinciden además en que «sin duda les perjudicó la homogenización realizada por el técnico de la Junta de Andalucía» y que «les parece muy extraño» que la clasificada en quinto lugar acabara primera tras la decisión de homogeneizar las ofertas por parte de la Consejería de Agricultura. Es más, las perjudicadas aclaran que no denunciaron en su momento porque no tuvieron acceso a las puntuaciones finales, por lo que no podían saber que Befesa había quedado realmente en quinto lugar. Por tanto, la Guardia Civil vuelve a señalar que hubo «irregularidades en la licitación con el único fin de que empresas determinadas obtuviesen la contratación y posterior ejecución de la obra». Y añade otro dato demoledor: las ganadoras se beneficiaron de un sobreprecio de 12 millones de euros.

En conclusión, no hubo tuberías ni movimientos de tierras, se amañó el concurso y un Mercedes comprado por una de las empresas acabó en manos del presidente de la mesa de contratación. El atestado ya está en manos del juez, que tomará decisiones en breve.