El cambio de titular de Cultura encalla la reforma de las Atarazanas
Ultimátum de Adepa a la Junta: no renovará la moratoria judicial si no se firma el convenio antes del 15 de septiembre
La reforma de las Atarazanas, que había quedado consensuada entre la asociación de protección del patrimonio Adepa y el anterior equipo de l a Consejería de Cultura, liderado por Rosa Aguilar , ha quedado encallado desde que en junio fuera nombrada titular de Justicia en la Junta de Andalucía. Como aún no se ha firmado ese convenio tras la llegada de Miguel Ángel Vázquez a Cultura y está a punto de expirar la moratoria que aprobó el juzgado que paralizó cautelarmente las obras, la asociación proteccionista enviará a la presidenta de la Junta, concejales del Ayuntamiento de Sevilla y la viceconsejera de Cultura, Cristina Saucedo, una carta comunicándoles que ante el silencio de la Junta de Andalucía Adepa ha decidido que no renovará la moratoria judicial cuando expire a mediados de septiembre.
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Joaquín Egea, portavoz de Adepa, ha indicado a ABC que el citado acuerdo de reforma de las Atarazanas -declaradas Bien de Interés Cultural (BIC)- se negoció durante nueve largos meses con el anterior secretario general de Cultura, Eduardo Tamarit, pero al cesar éste en su cargo el convenio aún no se ha firmado.
Cambio de consejeros
Del equipo de Rosa Aguilar permanece en Cultura la viceconsejera Marta Alonso, a quien ahora Adepa reclama que se cumpla lo estipulado. Fuentes de la Junta recordaron que en julio pasado la Consejería de Cultura, ya con Miguel Ángel Vázquez al frente, ya aseguró que «el acuerdo ya está cerrado con la Asociación para la Defensa del Patrimonio (Adepa) y solo está a falta de la firma», lo que daba a entender que se respetaba lo negociado con el equipo de Rosa Aguilar.
La Junta ha indicado a Adepa que el convenio se envió a la Fundación La Caixa , que es quien va a financiar las obras, para que lo supervisara su equipo jurídico y que aún no han recibido respuesta. Egea muestra su sorpresa «porque se supone que la Fundación La Caixa estaba al día de las negociaciones, toda vez que el arquitecto autor del proyecto, Guillermo Vázquez Consuegra , ha estado al tanto de todos los cambios consensuados con la Junta».
El tiempo se agota para la Junta, según Egea, quien recuerda que es quien tiene más que perder, ya que Adepa pidió en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 9 de Sevilla que suspendiera las actuaciones judiciales porque se estaba negociando un convenio que acabaría con el litigio. La moratoria era de dos meses, que expira a mediados de septiembre.
Proceso judicial
Ahora Adepa da un ultimátum a la Junta: si no se firma el convenio antes de mediados de septiembre no solicitará en el juzgado una renovación de la moratoria, por lo que el proceso volverá a activarse. Como se recordará, en octubre de 2016 el citado juzgado suspendió cautelarmente la licencia de obra en las Reales Atarazanas, concedida por la Gerencia de Urbanismo , por considerar que podrían afectar de forma irreversible al edificio.
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Según el acuerdo alcanzado antes de junio de 2017 por Adepa y el equipo de Rosa Aguilar, ambas partes acordaron demoler un edificio que impedía ver la fachada, así como e xcavar hasta el nivel original del siglo XIII las naves 6 y 7. Además, se consensuó mantener la entrada principal al edificio por la calle Temprado en lugar de Dos de Mayo, y eliminar los encepados de hormigón armado, las varillas pretensadas de acero, los taladros en los pilares y los micropilotes. Sobre la nave 1 se podría crear una terraza tomando las mismas precaucaciones que en las naves 2 y 4, pero sin usos para la hostelería.
Escaleras de la discordia
En cuanto a las escaleras que Guillermo Vázquez Consuegra había previsto en la nave 4 para llegar a la primera planta, Adepa dijo que sólo necesarian si arriba se instalaban dos salones. La asociación rechazó esas escalera al entender que sería algo absolutamente ilegal según la Ley de Patrimonio Histórico. Finalmente, la Junta dio su brazo a torcer y eliminó esa escalera en el centro de la nave. Así se pudo llegar a un acuerdo, que finamente no se rubricó con la crisis de Gobierno que abrió Susana Díaz al cambiar en junio a la mitad de sus consejeros.
