Se busca podólogo en Sevilla que cobre tres veces menos y dé servicios gratis

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales anuncia en su plataforma de empleo una oferta para profesionales de la Podología, a cubrir en el centro residencial para personas mayores en Montequinto, perteneciente a la Junta, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. Sin embargo, los interesados deben tener en cuenta varios aspectos a la hora de solicitar la plaza. El primero es que cobrarán por servicio ocho euros: cinco por parte de la Administración y tres por la del usuario (esto es, que el pliego estable el copago), con un máximo al año de 1.440 euros.

El segundo es la baremación de las ofertas, que se llevará a cabo sobre una valoración máxima de 20 puntos en función, por una parte, del «precio», que supone el 40%.

La oferta expone que el precio de cinco euros por acto sanitario a cargo de la Administración tendría que ser necesariamente minorado por el profesional para poder conseguir el concurso, ya que el pliego aclara que el profesional cuya baja sea mayor respecto al precio de licitación conseguirá más puntos para ganar el concurso. Y de otra, los criterios puramente profesionales, que supone el 60%.

Además, el pliego de condiciones contempla la obligación de incluir prestaciones gratis dentro del catálogo del ofertante. En este sentido, si «se compromete a realizar un 1% de los servicios ofertados sin contrapretación económica, se valorará con 5 puntos» más y si el «compromiso» se eleva al 2%, la valoración subirá hasta los 7 puntos.

La residencia de mayores de Montequinto tiene un volumen medio de 150 pacientes. Si se dividen los 1.440 euros totales previstos para 2016 entre los ocho euros de cada consulta, da como resultado 180 servicios para todo el año. No salen las cuentas... o sí, si se tiene en cuenta ese «compromiso gratuito» que pide la Consejería andaluza.

Sanitarios «de segunda»

El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, ante esta oferta pública, solicita a la Junta la retirada de concursos como éste que van contra la dignidad de los profesionales. Para esta entidad, las condiciones del contrato son «absolutamente rechazables». Así lo afirma el presidente de la institución colegial, Jorge Barnés, quien añade que «con anuncios de este tipo pretenden subastar la prestaciones sanitarias». «A los profesionales nos están contratando del mismo modo que adquieren las gasas o las bolsas de basura», matiza el presidente.

«Los costes iniciales para garantizar la asistencia podológica adecuada no cubrirían los gastos tales como hojas de bisturí y gubias desechables, esterilización del instrumental y el material fungible necesario para la máxima garantía del tratamiento», manifiesta. «Una consulta básica de quiropodología, que es el tratamiento general a aplicar en centro de mayores, en el ámbito privado suele oscilar entre los 20 y los 40 euros», señala Barnés, quien señala que «la Administración sanitaria quiere alquilar a profesionales bajo subasta».

«Con este sistema -continúa el presidente de la Profesión en Andalucía- habrá sanitarios de primera y de segunda clase en el Sistema de Salud. Por un lado los contratados estatutariamente como personal de servicio público, a lo que aspiramos como profesión como garantía de salud al paciente, y por otro los alquilados».