Blas Ballessteros cuando era concejal
Blas Ballessteros cuando era concejal - NIEVES SANZ

Blas Ballesteros, el socialista al que nunca le falta trabajo

Mimado por todas las corrientes del partido desde los 90, el oficialismo le hace ahora hueco en la Diputación

SEVILLAActualizado:

Al socialista Blas Ballesteros le cuesta trabajar en la empresa privada. Eso debe deducirse, al menos, si se repasa su currículum desde hace más de veinte años, momento en que comenzó a tener sueldos de la Administración pública gracias, principalmente, a su capacidad de influencia dentro del partido. Éste ha ido buscándole acomodo etapa tras etapa, en las que su figura, además, ha destacado por un buen puñado de polémicas en la esfera política.

Ballesteros llegó al Ayuntamiento desde el sindicato CC.OO., en cuya ejecutiva regional tuvo puesto antes de dar el salto. Ya había estado también en la vicepresidencia de la Fundación por el Progreso de Andalucía, afín al PSOE, donde protagonizó varios episodios de uso del dinero de subvenciones para viajes y que después ha sido una de las entidades a las que la Junta de Andalucía ha pedido devolución de dinero de cursos de formación que no se llegaron a realizar, según las investigaciones.

En 1999 llegó al Ayuntamiento para liderar el área de Movilidad, siendo el concejal responsable de este ramo con Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde. Cuando dejó de ser el delegado responsable del tráfico, el entonces regidor lo contrató para la Fundación No&Do, que después fue absorbida por la Fundación DeSevilla. Estando en esta cómoda plaza, Ballesteros pidió una excedencia para trabajar como asesor de Emasesa. Al llegar a la Alcaldía, el popular Juan Ignacio Zoido decidió cerrar la fundación y eso provocó la destitución de todos sus empleados, entre los que se encontraba el veterano socialista. Él acudió a los tribunales para defender su plaza, pero tanto en primera instancia como en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sufrió sendos reveses, ya que no sólo se le denegó el reingreso, sino que ambas salas arremetieron con dureza contra la labor llevada a cabo por éste en la citada fundación pública dependiente del Ayuntamiento.

Ballesteros denunció a Zoido al considerar que tenía derecho a mantener su plaza, pero la sentencia del alto tribunal andaluz señaló que el exedil «pasó de forma nominal, tras dejar de ser delegado de Movilidad a la Fundación DeSevilla y que en ésta pidió la excedencia voluntaria en el año 2007». Los magistrados resolvieron, tras tomar declaración a varios testigos, que «en relación con el lugar de trabajo y la labor que el actor realizaba, son sumamente vagas e inconcretas y tan solo evidencian que cuando alguien acudía al actor con diversos problemas de distinta índole, el actor realizaba gestiones telefónicas a fin de allanar los problemas de los ciudadanos». Además, el TSJA aseguró que Ballesteros «nunca ha sido letrado o asesor jurídico de Emasesa».

Ese litigio judicial concluyó en 2014, cuando Ballesteros ya llevaba más de cuatro años siendo cónsul honorario de Brasil en España, otro cargo con el que logró grandes contactos. Por aquel entonces, se había retirado momentáneamente de la primera línea de la vida pública, aunque conservaba algunos cargos de designación directa, como el de consejero en Cajasol en representación del Parlamento de Andalucía. En la sede de su consulado, a la sazón domicilio suyo, aparecieron pintadas amenazantes en 2009 vinculadas al sector del taxi —con el que había tratado en su etapa de concejal— y que él mismo asoció a «un grupo de mafiosos».

El puesto perdido en la Administración fue recuperado el pasado febrero, cuando el presidente de la Diputación de Sevilla, el también socialista Fernando Rodríguez Villalobos, lo nombró asesor del Servicio Supramunicipal en sustitución de un concejal de Marinaleda con un sueldo de 3.000 euros mensuales. En abril dejó de ser cónsul honorario de Brasil. Ahora, aprovechando, aparentemente, el bajón informativo y de atención de agosto, la Diputación lo ha colocado también como gerente del Consorcio Provincial de Aguas con un sueldo de 69.800 euros al año —6.000 más que la presidenta de la Junta, Susana Díaz— para gestionar unas inversiones de apenas 5.000 euros anuales en dicho ente. Un nuevo chollo bajo el amplio paraguas de lo público.