La muerte de un policía local de Sevilla libra del procesamiento a doce compañeros

La juez de Instrucción nº 8 de Sevilla ha propuesto el archivo de uno de los escándalos que salpicó al cuerpo de la Policía Local de Sevilla en los últimos años. Una operación antidroga de la Udyco señaló a un agente y al investigarlo salieron a la luz dos supuestas tramas en el seno de la jefatura. Una dedicada a la retirada de multas a cambio de favores o dinero y otra en la que se estarían lucrando algunos funcionarios a través del cobro ilegal de tasas.

El auto conocido este viernes y difundido a los medios señala que hay indicios de la comisión de delitos como el contenido de conversaciones grabadas a los sospechosos o las declaraciones realizadas en sede judicial por algunos testigos e investigados.

Pero la magistrada concluye que hay dificultades probatorias que le impiden desembocar en una imputación.

El caso, que lleva en los juzgados desde 2009, se topó con dos escollos importantes: la muerte del principal implicado, que la investigación señala como cerebro a «cuyas órdenes actuaban los agentes imputados» y el fallecimiento de la juez instructora que dirigió la instrucción. Su sustituta admite en su auto de archivo que al llegar al juzgado tuvo que pedir un informe aclaratorio al Gepol (grupo de asuntos internos disuelto por el alcalde Espadas) para ponerse al día con unas diligencias que sumaban ya 6.000 folios.

Los investigadores se reiteraron en sus conclusiones incriminatorias, pero la juez al final ha dado carpetazo al asunto, librando de un posible procesamiento a los 17 imputados, doce agentes municipales y otras cinco personas más, cuatro de ellos trabajadores de empresas de grúas.

Este escándalo nace de un pinchazo telefónico en el marco de una operación antidroga que concluiría con la aprehensión de un alijo de hachís. En una de las conversaciones intervenidas, uno de los implicados le pide a uno de los policías locales que le informe sobre unas matrículas de coches que estaban siguiéndolo. El funcionario accedió a la base de datos y le confirmó que eran vehículos policiales camuflados. Además «se constatan conversaciones con agente de la Policía Local relativas a multas de tráfico y a la posibilidad de dejar sin efecto las mismas», señala la juez en el capítulo de hechos.

La taquilla de ese agente, al que habían escuchado cómo daba la información sobre las placas de matrículas, fue registrada y allí encontraron numerosas copias de boletines de denuncias y documentos relativos a inmovilización de vehículos y servicios de la grúa.

Primer gran caso del Gepol

Ésta fue una de las primeras investigaciones del Gepol, previa al gran escándalo del amaño de las oposiciones que será juzgado el año que viene. El extinto grupo de asuntos internos concluyó que se había instaurado un sistema para quitar multas a los amigos.

La instructora destaca algunas conversaciones de los supuestos apaños como la que mantuvo un investigado con un compañero en la que le decía que se iba de vacaciones y que él tendría que tramitar las multas de sus conocidos, que las recurriera o las quitara.

También fueron analizados seis ordenadores de la unidad de tráfico-motoristas de los que habían borrado centenares de archivos. Muchos fueron recuperados. «La mayoría eran recursos en contra de multas». En otros aparecía como agente actuante alguno de los investigados a pesar de que no le correspondía esa zona.

Dinero que no llegó a las arcas

La otra pata de este caso apareció durante las indagaciones al trabajo que desempeñaban los funcionarios. Se trataba del supuesto desvío del dinero que el Ayuntamiento debía percibir en concepto de tasas como cortes de calle o acompañamiento de transportes especiales.

Uno de los indicios que no han servido para continuar con el procesamiento y que aparece en el auto es un informe del gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, que en diciembre de 2009 pedía que se revisaran todos los servicios susceptibles de tasa, al detectarse una disminución por años de lo recaudado por tal medio.

La caída de ingresos fue notable. En 2007 las arcas municipales habían ingresado 21.927,48 euros y tres años después ese mismo concepto caía a los 856,95 euros. Curiosamente, tras el escrito del gerente la recaudación se reactivó superando los 22.000 euros.

En esta segunda trama, la investigación también señala como cerebro al agente fallecido. Uno de sus compañeros imputado lo responsabilizó y él se situó «como mero ejecutor de sus instrucciones». Ese agente reconoció su firma en una serie de papeles «de pagos simulados» que fueron intervenidos por los agentes y con los que se pretendía justificar que una determinada empresa de grúas había abonado la correspondiente tasa.

La labor del Gepol no es discutida por la instructora que la califica de «pormenorizada y exhaustiva». Pero entiende que no hay pruebas de las dádivas o cobros que pudieran recibir los funcionarios para mantener una acusación por cohecho. En todo caso, insiste que hay indicios de un «posible comportamiento irregular o ilícito» que podría depurarse en el ámbito administrativo y reglamentario.