«La Administración necesita al Polígono Sur como trastero de Sevilla y no lo va a cambiar»

El Ministerio del Interior anunció el pasado jueves la construcción de la comisaría del distrito Sur fuera de los límites del Polígono, pese a que los vecinos vienen reclamándola para el barrio desde hace más de 30 años. Y este viernes, el pleno del Ayuntamiento rechazaba, con el voto en contra del PP, esta postura, pidiendo a la Administración central una rectificación. Controversia aparte, las reacciones de los distintos «actores» a este cambio de parecer han desenterrado conceptos que llevan décadas estrechamente ligados a esta zona de la ciudad, como el de la inseguridad, la impunidad o la exclusión social. Un tiempo en el que las distintas administraciones no han dado con una solución que destierre a estos apellidos lejos del Polígono Sur.

Algo en lo que puede, o no, tener un peso importante la ubicación de la comisaría de Policía Nacional en el corazón del barrio.

Lo que sí está claro es que los números no acompañan al Polígono en su expectativa de salir del agujero negro en el que está inmerso desde casi su concepción.

En lo que respecta a la educación, la cifra de fracaso escolar se sitúa en el 70%. Esto es, los menores, cuando alcanzan la edad obligatoria de escolarización, los 16 años, abandonan sus estudios sin obtener titulación. El absentismo escolar en Primaria está en el 14%, subiendo al 26% en los cursos de Secundaria. Según datos de la Comisionada para el Polígono Sur, María del Mar González, sólo uno de cada tres jóvenes se titula, lo que significa la puntuación inversa al resto de Andalucía. Asimismo, hay que tener en cuenta las «generaciones perdidas», aquellas en las que estuvo presente la droga en los años 80 y 90. Esto se traduce en que, actualmente, una de cada cuatro personas, alrededor del 26% de la población, es analfabeta.

Los datos de empleo no son mejores. El 60% de la población activa se encuentra parada y el desempleo juvenil (los menores de 30 años) se sitúa en el 50%. Por otro lado, los que sí trabajan tampoco consiguen un empleo estable ni bien remunerado, siendo precario el 80% de los puestos de trabajo que consiguen los vecinos del Polígono Sur. Pese a todo, la Comisionada asegura que, desde el nacimiento del Plan Integral en 2003, se ha mejorado la «empleabilidad» de 6.500 personas a través de cursos de formación y prácticas en empresas.

Aun con los datos de la Comisionada sobre la mesa, son muchas las voces críticas que se rebelan ante las actuaciones que se han llevado a cabo en el Polígono Sur hasta hoy.

Lo primero que les embarga es una sensación de pesimismo absoluto. Por su experiencia, se muestran incrédulos ante cualquier anuncio de mejora del barrio. Es más, están convencidos de que las distintas administraciones, la central, la autonómica y la local, no tienen el más mínimo interés de cambiar la situación del Polígono Sur.

Alfonso Alcaide, sociólogo y vecino del barrio, es uno de ellos. Asegura que «la Administración necesita que exista el barrio y no va a cambiarlo. Todos los asentamientos chabolistas que se han levantado en Sevilla se han realojado en el Polígono Sur: Chapina, Perdigones, Los Bermejales, y El Vacie terminará aquí». Y aclara: «El Ayuntamiento no trajo directamente a los vecinos de Los Bermejales, pero les dio dinero para comprar un piso y lo adquirieron en el barrio, porque aquí hay el caldo de cultivo necesario para que determinadas familias con determinados modos de vida los puedan desarrollar. Y mientras no cambie ese ecosistema, seguirán viniendo».

Alcaide denuncia, por otro lado, que existe una dinámica de ocupación marginal, un mercado ilegal de viviendas que la Junta de Andalucía, principal propietaria de los bloques de viviendas, «no quiere controlar». «Se ocupan, se venden y se transfieren viviendas al margen de toda legalidad. Y la Junta lo sabe, pero no hace nada». En este sentido, añade que para el Plan Integral, el que considera que «está muerto», pidieron desde las entidades vecinales un censo de las viviendas y sus ocupantes.

Según el último recuento del comisionado, en el Polígono Sur hay registradas 36.000 personas, aunque saben que hay más. Otros cálculos concretan la población entre los 40.000 y los 50.000 habitantes.

Pero tanto para Alcaide como para Rafael García, trabajador social, la regularización de las viviendas va unido al trabajo con las familias y, para ello, el empleo es básico. «El modelo de la Administración ha sido hasta ahora poner en marcha una convocatoria de subvenciones tras otra, que al final se convierten en un empleo encubierto. Durante seis meses tienen garantizado un trabajo, pero el impacto de esa intervención es nulo. Si ves el listado de programas sociales de la Junta y el Ayuntamiento, se puede observar que se repiten los mismos nombres, entidades y contenido. Una y otra vez y sin dar resultados».

Por eso, las entidades vecinales propusieron al anterior comisionado, Jesús Maeztu, abordar el problema de las familias también desde la educación con un proyecto que llamaron «Para no ser excluidos». Argumentaban que la institución que tiene una relación durante más tiempo con las personas es Educación, que está trece años de forma obligatoria en la vida de los niños y las familias. A partir de esta conexión, se comenzaría a inculcar en los hogares las pautas necesarias para que ninguna generación vuelva a perderse. «De eso, hasta ahora, no se ha hecho nada. Aquí se invierte en ladrillo, y no en las familias. No se puede salvar la dimensión humana si no hay un mínimo de recursos», afirma Rafael. Y añade Alcaide: «El plan de abordaje con las familias es un trabajo intenso cuyos resultados sólo se pueden valorar a largo plazo. Pero no se ha querido entrar en esa dinámica porque es más fácil el método de ayudas, algo que lleva aparejado además el clientelismo político. Después de trece años de comisionado, el Polígono Sur está igual. Hay más infraestructuras, sí, pero se ha construido lo básico que tienen otros barrios y que aquí no existía».

En este punto, Rosario García, presidenta de la plataforma Nosotros también somos Sevilla, recuerda que en el barrio hay alrededor de 2.700 familias que viven gracias a la caridad de las ONG y de sus propios vecinos que les surten alimentos y ropa.

Otra propuesta, como recuerda Emilio Calderón, párroco de San Pío X, que lleva en el barrio 48 años, era la creación de un «PER urbano», una especie de renta básica para que las familias pudieran salir adelante de forma digna, todo ello con una «corresponsabilidad» que se traduciría en trabajos a la comunidad. «A Maeztu le dijimos que el Plan Integral tenía que centrarse en dos cuestiones básicas. La primera era que el Ayuntamiento tenía que garantizarle unos 400 puestos de trabajo, incluso le dimos ideas para que esas personas que carecen de titulación básica pudieran emplearse en apoyo a Lipasam o Parques y Jardines. Y la otra es que tendría que haber permanentemente policías en la calle». Así, una vez asegurado el empleo y la seguridad, se comenzase el trabajo con las familias y la educación de éstas. «Básico para una transformación real».

Un barrio para la ciudad

Emilio Calderón y Rafael Alcaide hablan largo y tendido de la incapacidad de las administraciones para abrir las puertas del barrio a la ciudad. Por eso insisten en la idea de que quieren dejar el barrio tal y como está. «No hay voluntad de cambio porque necesitan que el Polígono Sur siga siendo el trastero de Sevilla. El problema es que el barrio no es necesario para la ciudad. Puede vivir perfectamente al margen de todas las actividades menos una: la droga. Queremos ser un barrio como otro cualquiera». En este sentido, critican que no se trasladen al barrio infraestructuras que obliguen al resto de sevillanos a visitar al barrio. «¿Por qué no se trae aquí la Ciudad de la Justicia?», a lo que ellos mismos se responden: «Eso significaría que de este avispero salieran hacia otras partes de Sevilla las avispas, y la Policía perdería el control». De ahí que insistan, «pese a la última corriente de buenas noticias», que todo permanecerá como está para desgracia de muchos.