Seis años sin 7,8 millones de euros

El 1 de abril de 2009 salió a la luz uno de los robos más escandalosos de San Fernando, el de la caja municipal

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Seis años. El último episodio negro de la historia de San Fernando cumple hoy seis años. Fue el 1 de abril de 2009 cuando todo se precipitó, como un castillo de naipes que se desmorona cayendo una carta detrás de otra y sin posibilidad de freno. Clemente Ruiz, por entonces cajero municipal, salió como cualquier otra mañana de su domicilio para dirigirse a su puesto de trabajo, allí saludó como siempre a María José Lebrero, la otra cajera.

Ninguno imaginó que esa noche dormirían en los calabozos de la antigua comisaría de la Policía Nacional tras ser acusados de llevarse presuntamente 450.000 euros. Por días la cifras aumentó hasta llegar a los 7,8 millones de euros. Algo que en un principio nadie sabía, para luego ser algo que todos conocían.

Error informático, una familia marroquí que supuestamente se encargaba de sacar el dinero de España, falsificación de hojas de caja, valores, entrada en prisión, dimisión de la delegada de Hacienda, unas elecciones en la que se desploma el PA, un Tribunal de Cuentas que dicta sentencia (a la espera de resolución de alegaciones) y pone de subsidiarios a los responsables directos del Área y dos exalcaldes, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo.

Mucho ha llovido desde entonces, seis años y poco más se sabe de lo que ya se conoció una vez que el castillo de naipes se derrumbó. Tanto tiempo y aún no se ha reconstruido la historia para explicar qué pasó, quién se llevo el dinero y dónde están los millones.

El procedimiento civil, el encargado de depurar las responsabilidades administrativas, ya sentó a todo el Área de Hacienda y repartió las cifras que de manera directa o subsidiaria tienen que hacer frente los implicados. Ahora está paralizada. La resolución no es firme pues cabía la interposición de alegaciones y antes de poder atender a las mismas, Clemente Ruiz solicitó un abogado de oficio. Todavía no se ha resuelto este aspecto.

En cuanto a la causa penal, aquella que debe poner nombres y apellidos a lo ocurrido, sigue sin tener, seis años después, fecha para juicio, aunque sí existen una serie de novedades y nuevos procedimientos que se pondrán en marcha en las próximas semanas.

En busca de una familia

El 24 de abril tendrá que declarar la que fuera mujer de uno de los miembros de la familia de origen marroquí, que falleció de forma repentina en Madrid, y que sí se encuentra en Cádiz. En su citación se recoge los mismos motivos por los que finalmente fueron imputadas de forma oficial la mujer y la suegra de Clemente Ruiz.

Por otro lado, se sigue trabajando para que el resto del clan también testifique. Entre las medidas se estudia la posibilidad de pedir la cautela judicial para la cooperación con los juzgados de Marruecos y que puedan declarar desde este país. Todo ello cuando se está pendiente de que se haga cargo del caso una nueva magistrada, tras el traslado de la funcionaria que fue responsable de este proceso desde 2009.

El principal imputado, Clemente Ruiz, y su familia decidieron poner distancia con San Fernando y alejarse de los medios de comunicación. Clemente solo quiso manifestar con respecto a estos seis años, que afronta una situación de «precariedad económica» con imposibilidad de hacer frente a diferentes pagos y con deudas. «Solo puedo decir que estoy a la espera ante la falta de noticias y de avances. Sé que llegará el día en que me pueda defender y solo espero que sea cuanto antes. Mientras tanto intento sacar adelante a mi familia».

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