Todas las farolas de la ciudad tendrán que ser revisadas para ver si son eficientes en materia energética
Todas las farolas de la ciudad tendrán que ser revisadas para ver si son eficientes en materia energética - C. C.
SAN FERNANDO

Los funcionarios muestran su «rechazo» a la privatización del alumbrado público

El Consistorio planea adjudicar el mantenimiento de este servicio a una empresa externa durante 14 años con un contrato de 16,7 millones de euros

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El Ayuntamiento se encuentra en la recta final para adjudicar a una empresa externa el servicio de mantenimiento del alumbrado público. Un contrato con una duración de 14 años y bajo un importe de 16,7 millones de euros (lo que supone un presupuesto máximo anual de 1.196.690 euros). Ya se han abierto las propuestas y actualmente se encuentran en fase de estudios para determinar las más adecuadas para la ciudad.

Desde el Área de Sostenibilidad Ambiental, que gestiona el andalucista Francisco Romero, se aseguró que con esta medida se conseguirá un ahorro energético del 30%, que la empresa responderá de su mantenimiento preventivo e inspección, así como las obras de mejora y de eficiencia energética, además de asumir los riesgos por daños y pérdidas totales o parciales incluso cuando hayan sido motivados por robos o actos vandálicos, como es el caso del robo de cables.

Estas mejoras se argumentan que se verán de inmediato puesto que durante los seis primeros meses del contrato, la adjudicataria deberá sustituir las lámparas que utilicen tecnología poco eficiente o estén deterioradas por otras más eficientes y que han de tener capacidad de regulación de flujo lumínico.

Los que no están conforme con esta decisión son los sindicatos del Ayuntamiento. De esta manera, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se mostró ayer el rechazo al plan de privatización del servicio eléctrico de San Fernando, realizando una concentración improvisada en la que han participado trabajadores municipales del Ayuntamiento isleño, ante el Centro de Congresos aprovechando que se celebraba un pleno extraordinario. Para la sección sindical el Gobierno local trata de reducir, año tras año, la plantilla municipal «para ir desmantelando los servicios públicos y aumentar así su superávit que este año es de cuatro millones y medio de euros. De hecho, en su política de privatización, ya se ha contratado una empresa para las labores de fumigación y de carpintería, aun existiendo personal municipal para tales tareas. Y ya en 2012, se privatizó también el servicio de ayuda a domicilio».

Para Comisiones Obreras (CC OO) cualquier inversión privada «busca beneficios. La calidad del servicio bajará y las Tarifas de los impuestos se incrementarán. Además desde las propias asociaciones de consumidores, se está en contra de este tipo de operaciones. Siempre pierden los ciudadanos. En todos los casos similares han subido las tarifas y el servicio ha empeorado».

Desde los sindicatos también se denuncia la merma que sufre la plantilla actual del Ayuntamiento, compuesta por 430 personas y que cuenta con más de 80 vacantes por jubilación, fallecimiento y bajas. «A pesar de ello se dejó prescribir ofertas de empleo público como la que salió en 2010». A esta situación culpan de que haya problemas como el de los colegios con la falta de conserjes algo que se ha solucionado, según afirman, con una reorganización propuesta por los propios trabajadores.

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