Cádiz Provincia

Suspenden la declaración del alcalde de La Algaba por presunta malversación

Al alcalde socialista se le investiga por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos

El alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera (PSOE), saliendo de los juzgados este jueves
El alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera (PSOE), saliendo de los juzgados este jueves - ROCÍO RUZ
S.T. Sevilla - Actualizado: Guardado en: Cádiz Provincia

La declaración como investigado del alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera Piñero (PSOE) que estaba prevista para la mañana de este jueves en el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla se ha suspendido.

Las nuevas fechas para las declaraciones se han fijado para el 20 y 21 de octubre ya que en los últimos días se ha presentado más solicitudes de personación en la causa tanto de instituciones como de particulares. Según la juez Patricia Fernández, es necesario retrasar el proceso para poder citar en forma y tiempo a las nuevas partes.

Al alcalde socialista se le investiga por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, a cuenta de la grabación en la que el primer edil habla de la adjudicación de contratos a un empresario, por el hecho de ser el padre de una militante socialista.

Este jueves y viernes estaban previstas las comparecencias ordenadas por la citada instancia judicial en un auto emitido el pasado 18 de julio.

En dicho auto, la juez Patricia Fernández ordenaba que los días 22 y 23 de septiembre declaren «con la condición de investigados por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos», el alcalde socialista de La Algaba, el dirigente socialista y coordinador de recursos y proyectos del Ayuntamiento Fernando Tirado Díaz y las hermanas Elisa Isabel y Dolores Fátima Cano Gallardo, como titulares de la empresa adjudicataria de un contrato promovido en 2010 por el Consistorio, para comprar diez carros de basureros y un equipo de baldeo móvil, y Fernando Tirado Díaz.

«Perjuicio para las arcas públicas»

Según la juez instructora del caso, de los términos de la investigación efectuada por la UCO «se desprende que dicha contratación (de 2010) pudo hacerse con fines de enriquecimiento de la empresa» de la que eran titulares las hermanas investigadas, «tras haberlo ofrecido verbalmente (el alcalde) al padre de éstas, aún suponiendo ello mayor coste para el Ayuntamiento tal y como se desprende de determinados extremos de la grabación» que dio inicio a la causa y que figura transcrita en un atestado de la UCO.

En el auto en el que la juez Patricia Fernández Franco cita como investigado al alcalde de La Algaba y al resto de imputados, se señala entre otros aspectos «la inmediatez con la que se amplía el objeto social» de la empresa Materiales de Construcción Romecan S.L., las «irregularidades en la entrega de los carros, la falta de justificación y contradicciones de quienes han declarado hasta la fecha sobre el número de unidades realmente entregadas y el eventual sobrecoste vinculado a esta operación».

Para la juez, la operación, siempre presuntamente, «pudo generar un perjuicio para las arcas públicas, teniendo en cuenta que la adquisición de hizo con fondos procedentes de una subvención de la Diputación Provincial y que, a día de hoy, no consta de forma fidedigna si los carros llegaron a entregarse en su totalidad o no».

«A los pies del PSOE»

En la conversación grabada y elevada a los juzgados, de cualquier modo, el alcalde de La Algaba trasladaba a una empleada municipal y militante socialista que en ese municipio «se está a los pies del PSOE», señalando que el Ayuntamiento adjudicó al padre de esta mujer un contrato municipal porque a él le salió «de la polla», porque había «más de 40 empresas» pujando por dicho contrato. «Hay más de cuarenta empresas y se la di a tu padre», asevera el alcalde en la grabación investigada.

De su lado, el alcalde ya reconoció a Europa Press ser el autor de las declaraciones grabadas sobre las que se sustenta la investigación, pero las encuadró en una conversación derivada de un conflicto político con el entonces marido de la militante, asegurando que todas las contrataciones municipales están «bajo el paraguas de la legalidad», mostrando su «arrepentimiento» y pidiendo «perdón» por sus palabras.

Toda la actualidad en portada
publicidad

comentarios