La Junta dice que las cooperativas de Marinaleda negocian ya la compra de sus tierras

Una crisis política se cierne sobre Marinaleda. Representantes de las ocho cooperativas de esa localidad se han sentado finalmente a negociar con técnicos de la Consejería de Agricultura las condiciones para la compra de las 1.196 hectáreas que recibieron entre 1992 y 1995, según fuentes de la Junta de Andalucía. Las negociaciones se están llevando a cabo a espaldas del alcalde de Marinaleda y líder sindical, Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien rechaza la posibilidad de que las cooperativas compren tierra.

La Junta de Andalucía ha confirmado que represntantes de la cooperativa de segundo grado Marinaleda —que engloba a las ocho cooperativas «Los Moledores», «Hierbabuena», «El ciervo», «Los compañeros», «Camilo Cienfuegos», «Los jornaleros», «Domingos rojos» y «Tierra, trabajo y libertad»— se han sentado a hablar con la Junta los requisitos que deben cumplir parra acceder a la propiedad de esas tierras: precio a pagar, la deuda que mantienen con la Administración autonómica...

La Junta asegura que las negociaciones se están llevando a cabo en el marco de la normativa que contempla la posibilidad de comprar —«no ceder», puntualiza— esas tierras: la Ley de 2011 de reordenación del sector público de Andalucía.

El alcalde de Marinaleda niega la mayor y asegura que Juan Antonio Prieto, presidente de la cooperativa Marinaleda, ha desmentido tal extremo. Por su parte, Prieto ha rehusado hasta el momento contestar a las preguntas de ABC. El alcalde de esta localidad de la Sierra Sur insiste en que «las ocho cooperativas de Marinaleda están compuestas por 110 cooperativistas y ellos no aprueban la compra del suelo que la Junta les entregó hace más de 20 años. Por tanto, no sé de dónde sale que técnicos de las cooperativas están negociando la compra del suelo».

Reunión de la consejera y el alcalde

Y aunque las cooperativas no están participadas por el Ayuntamiento de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo quiere tener voz y voto en estas negociaciones y ha pedido una reunión con la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz. No sería la primera vez que se reúne con la Junta para este asunto, ya que lo hizo el 29 de octubre y el 11 de diciembre de 2015. Según el alcalde de Marinaleda, la reunión con la consejera tendrá lugar el 14 de diciembr. El encuentro promete ser tenso, toda vez que la consejera confirmó recientemente en el Parlamento que la deuda de las cooperativas de Matinaleda por impago del canon anual de ocupación de las fincas es de 5,7 millone, tal y como había adelantado ABC, y que si querían acceder a la propiedad del suelo tendrán que abonar esas cantidades.

El último día en que se agotaba el plazo para solicitar la compra de las tierras, el 31 de diciembre de 2015, las cooperativas presentaron en el registro del Ayuntamiento de Marinaleda un escrito dirigido a la Junta comunicando su voluntad de acceder a la propiedad de las fincas. Sin embargo, Sánchez Gordillo, disconforme con esa medida, no tramitó ese documento y convocó en agosto un Pleno para aprobar una moción consistente en rechazar la compra de las tierras y solicitar la Junta la cesión gratuita de las mismas a una fundación integrada por el SOC (hoy Sindicato Andaluz de Trabajadores), jornaleros en activo y jubilados.

Maniobra dilatoria

El líder jornalero resta importancia al escrito de las cooperativas solicitando la compra de la tierra y argumenta que se presentó para frenar los plazos, ya que de lo contrario podrían haber sido expulsados de las tierras. Sánchez Gordillo admite que no tramitó ante la Junta el escrito de la cooperativa pero que envió al Gobierno andaluz una fotocopia «compulsada».

Aunque la moción aprobada en Pleno hacía referencia a la cesión gratuita de las 1.200 hectáreas a una entidad sin ánimo de lucro, Sánchez Gordillo señala que podría pagarse «por el uso de las tierras pero nunca por la propiedad». Sin embargo, la consejera de Agricultura ya dejó claro que la única posibilidad es la compra, para lo cual se valorarán los lotes de tierras y se cuantificarán los impagos de cánones de uso. En el caso de las cooperativas de Marinaleda habría, por tanto, que sumar las cantidades pendientes de pago al valor de la tierra.

Un informe de la Junta valoraba la posibilidad de que los cánones de 1992 a 2011 estén prescritos. Sin embargo, la Junta podrá cobrar los cánones de forma indirecta, ya que al no estar pagados no los descontará del valor real de la tierra, como hizo con las cooperativas de Écija que compraron casi 500 hectáreas de la finca de los Humosos.