Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo
Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo - ABC

La Junta confirma que la deuda viva de las cooperativas de Marinaleda es de 5,7 millones

Advierte que deberán abonar los cánones impagados si quieren acceder a la propiedad de las tierras

La consejera de Agricultura recuerda a Sánchez Gordillo que la Junta se sentó a negociar con él en 2014 y 2015

SEVILLA Actualizado: Guardar
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En respuesta a preguntas del diputado popular Jaime Raynaud, la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha confirmado esta mañana en el Parlamento andaluz lo que ABC ya había adelantado: que la deuda viva de las ocho cooperativas de Marinaleda por impago de cánones de uso de la tierra asciende a 5,7 millones de euros. De este modo, la consejera desmiente así al alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), quien llegó a declarar que la Junta nunca le giró esos recibos y que le había confirmado que la deuda por impago de cánones desde 1992 a 2012 estaba prescrita, no así la de 2013 a 2015.

«¿Cómo es posible que la Junta no haya obligado al pago de ese canon durante tantos años? ¿Cómo es posible que esas cooperativas hayan recibido 10 millones de euros en ayudas de la PAC si no pagaban el canon?», ha preguntado a la consejera el parlamentario del PP Jaime Raynaud en la comisión de Agricultura de la Cámara autonómica.

Además, el diputado del PP ha expresado su sorpresa por el hecho de que la Junta de Andalucía concediera subvenciones por más de 200.000 euros a la fábrica de conservas de las cooperativas si tenían deudas pendientes con la Administración autónomica.

Asimismo, Raynaud ha pedido información sobre el responsable de la Junta de Andalucía «que ha permitido este desatino e irregularidades que han persistido durante 20 años y que ha provocado una situación tan esperpéntica, hasta el punto de que las cooperativas quieren ahora que se les regale la tierra». La consejera de Agricultura no ha respondido a las preguntas del PP sobre la PAC y las subvenciones a la fábrica de conservas, y tampoco ha facilitado el nombre del responsable o responsables que permitieron que las cooperativas estuvieran 24 años sin pagar el canon de uso de las tierras.

La consejera ha informado que las cooperativas presentaron en el registro del Ayuntamiento de Marinaleda un escrito comunicando su voluntad de acceder a la propiedad de las tierras dentro del plazo legal, es decir, antes del 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, Ortiz ha advertido que ese documento no ha sido enviado a la Junta, tan sólo una imagen escaneada de la solicitud, por lo que si las cooperativas quieren acceder a la tierras deberán llegar el documento original a Agricultura. A propósito, ha confirmado que en 2014 y 2015 responsables de la Junta se reunieron con las cooperativas y Sánchez Gordillo para llegar a un acuerdo para la compra de las tierras.

En cuanto a lo que pagarán las cooperativas de Marinaleda sobre las 1.200 hectáreas que explotan desde 1992, la consejera ha declarado que habrá que valorar los lotes de tierras entregados a esas cooperativas entre 1992 y 1995 y ver los abonos pendientes a cuenta de los cánones de uso. Las cooperativas de Écija que accedieron a tierras expropiadas en 2013 compraron a un precio híper reducido después de haberse descontado al valor de la tierra los cánones abonados durante años. En el caso de las cooperativas de Marinaleda habría, por tanto, que sumar las cantidades pendientes de pago al valor de la tierra.

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