Alta tensión en Estepa con la vuelta del clan gitano de «los Chorizos» tras el incendio de sus casas en 2014

Dos coches de la Guardia Civil permanecían aparcados el pasado lunes en las calles Luis Cernuda y García Lorca, en la barriada de los Poetas. Esa misma mañana, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra) hacía entrega en el consistorio de las llaves de una de las viviendas a las que se prendió fuego en julio de 2014. Cuando centenares de vecinos se organizaron a través de las redes sociales para manifestarse ante la avalancha de robos que achacaban a una de las familias del barrio conocida como «el clan de los Chorizos».

Casi tres años después, la asociación que formaron 46 familias de la barriada de los Poetas, temía la entrega de las casas rehabilitadas a los miembros de esa familia.

El temor se convirtió en frustración para muchos, cuando se enteraron esa misma tarde de que las llaves de una de las casas -la de García Lorca- ya se habían entregado a su dueña, y que varios miembros de la familia ya se encontraban en su interior. «A esos ya no hay quien los eche de ahí», afirma con desesperación uno de los vecinos.

El presidente de la asociación de vecinos de la barriada Los Poetas, Francisco Fernández, y el secretario de la misma, Francisco Manuel Reyes, son los primeros en llegar frente a otra de las dos casas incendiadas en los disturbios de 2014. «Esta permanece tapiada, y al parecer no la han reclamado todavía», expone.

En un descanso de las fuertes lluvias, comienzan a llegar más vecinos de la asociación, hasta llegar casi a la quincena. Mientras los asistentes avisan por las ventanas a algunas caras conocidas, esperan antes de dar su versión de los hechos. «Faltan muchos que no han venido», señala Francisco. La lluvia, pero también el «miedo a represalias» hace que no salga nadie más.

Todos aseguran sentirse impotentes, muchos asustados y, unos pocos, muy enfadados. «Hemos llamado ya a todas las puertas. Se han enviado escritos y hemos hablado con Delegación y Subdelegación de Gobierno, con Fomento, constantemente con Avra, y con el Ayuntamiento de Estepa ante el temor de la vuelta de estas familias», señala Francisco Fernández. Afirman que ya no saben qué hacer. «Desde todos los lados hemos recibido palabras de comprensión, pero a la hora de la verdad no hay nadie que nos ayude y todos redirigen el problema a otro».

En ese sentido quieren dejar claro varias cosas para que no se puedan utilizar contra «unos vecinos que han podido recuperar la paz de esta barriada durante estos años». La asociación destaca que su reclamación no tiene ningún tinte racista. «No nos importa absolutamente nada que la familia de «Los Chorizos» sea de etnia gitana. Yo mismo soy de familia gitana y hay muchos más vecinos de la asociación que también lo son», apunta Francisco Manuel Reyes. Y es que para ellos sería paradójico que además se les acuse de racistas.

Los vecinos, impotentes

«Las autoridades locales son muy conscientes del gran número de denuncias que tienen los miembros de esta familia», dice Francisco, que explica cómo la Plataforma por la Paz Social en Estepa, que se formó para apoyar a los 22 vecinos imputados por el ataque a las casas de «los Chorizos», dispone de 287 denuncias, «y eso sin contar con las que no se hacen por miedo».

La lista de sucesos que aportan los vecinos es interminable: robos, saltos entre las paredes de las casas, venta de drogas, amenazas por la calle, peleas y tiroteos con otra familia de Marinaleda. «No queremos que esto vuelva a convertirse en un supermercado de la droga», espeta un vecino.

La asociación teme que se repitan los sucesos de 2014. «No se trata de racismo, no se trata de que estemos en contra del derecho a la vivienda como se no ha dicho también, se trata simplemente de convivencia. ¿Cómo puede imponerse una familia a un pueblo entero?», se pregunta Francisco Fernández, que ayer presentó junto a varios miembros de la asociación un nuevo escrito a la Delegación del Gobierno para informar del temor de los vecinos ante la entrega de la vivienda a su dueña, que según una de las vecinas le dijo por la calle «¡ahora os vais a enterar quién es la Paula!».

«Legítimos propietarios»

Desde la Consejería de Fomento y Vivienda se confirma que el pasado lunes «se ha vuelto a entregar la llave a la familia que es legítima adjudicataria de la vivienda desde que se firmó el contrato el 1 de diciembre de 2011» La vivienda fue adjudicada a la familia en régimen de alquiler «a propuesta del Ayuntamiento desde sus Servicios Sociales, y se les ha devuelto las llaves una vez reparada tras el incendio».

Desde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía se han realizado las reparaciones necesarias para hacer de nuevo habitable la casa «mientras la adjudicataria se ha comprometido a realizar otros trabajos no especializados, como la pintura». Trabajos que parecen haber comenzado el mismo día de la entrega. En el interior de la casa, la única que permanecía con la puerta y las ventanas abiertas de toda la barriada, se podían escuchar voces de varones. Al ser preguntados por la dueña de la vivienda señalaron que no estaba, y que «no queremos hacer ninguna declaración».

Según informan fuentes de Consejería de Fomento y Vivienda «al no haber variado las condiciones por las que se adjudicó dicha vivienda a esta unidad familiar, no hay motivo para retirarle el título que la habilita como adjudicataria en alquiler». Fue de hecho la misma familia la que solicitó a AVRA la reparación de los daños ocasionados por el incendio para poder volver al inmueble.

Por su parte, desde el Ayuntamiento se señala que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía «es el estamento legal encargado de las viviendas». El alcalde, Salvador Martín Rodríguez, señala que «se ha procedido legalmente a la entrega de las llaves de la vivienda a su legítima propietaria y ante esa decisión, nadie, mucho menos el Ayuntamiento, puede pronunciarse en contra».

Añade además que entiende la preocupación de los vecinos, pero que «no se puede presuponer que vuelvan a ocurrir hechos tan lamentables como los acaecidos hace tres años». Bajo su punto de vista hay que «evitar la incitación al odio y al racismo, dada la situación de que familiares de la propietaria de la vivienda son de etnia gitana». Añade que la situación actual es de «total normalidad y no cabe movilizar ni agitar el miedo de la población».