Cádiz Provincia

El 75% del dinero de las sociedades de Diputación, para pagar al personal

En la provincia hay más de 30 consorcios y mancomunidades que se solapan en objetivos. Para la oposición, son agencias de colocación de socialistas

El socialista Blas Ballesteros -de pie- junto a Joaquín Fernández Garro, alcalde de Umbrete y vicepresidente del Consorcio Provincial de Aguas -abajo, a la izquierda-, en una imagen tomada en El Rocío
El socialista Blas Ballesteros -de pie- junto a Joaquín Fernández Garro, alcalde de Umbrete y vicepresidente del Consorcio Provincial de Aguas -abajo, a la izquierda-, en una imagen tomada en El Rocío - ABC
EDUARDO BARBA Sevilla - Actualizado: Guardado en: Cádiz Provincia

La designación del socialista Blas Ballesteros como gerente del Consorcio Provincial de Aguas ha vuelto a traer al primer plano de la actualidad el viejo debate sobre la necesidad de que se mantenga la enorme cantidad de entes y organismos con participación pública que siguen activos en la provincia de Sevilla. En muchas ocasiones, simples agencias de colocación para políticos en retirada, militantes conocidos o incluso afines al partido en el poder, según la oposición. Pero más allá de esas polémicas contrataciones, muchos de esos organismos sustentados con dinero público tienen una acción escasa -nula en algunos casos-, destinando la práctica totalidad de sus fondos a mantener a su personal. En este tema, no obstante, hay niveles. De una parte se encuentran los organismos autónomos y sociedades mercantiles de la propia Diputación, donde el resto de partidos de la institución han puesto el punto de mira por sus malos resultados económicos y el gasto en personal que generan, pidiendo que se integren de una vez en el propio gobierno municipal. Ciudadanos pide la eliminación de las empresas públicas dependientes de la casa.

Entre las sociedades mercantiles se encuentra la dedicada a la promoción turística, Prodetur, que según las cuentas de la propia Diputación tuvo un presupuesto en 2015 de 9,1 millones de euros, todo aportado desde la institución. De él, 7 millones eran para gastos de personal (124 empleados), nada menos que el 78% de sus fondos anuales, mientras que el resto quedó para gasto corriente y absolutamente nada para inversiones, según llegó a denunciar el PP sevillano. Amplió su objeto social al alquiler de viviendas, pero únicamente ha ejecutado tres arrendamientos en los dos últimos años. Nada precisamente estresante para su presidente, Juan Manuel Rodríguez, alcalde socialista de Morón con un sueldo de 58.300 euros.

Un caso muy similar es el de la sociedad dedicada a la informática, Inpro, cuyo presupuesto fue de 6 millones y, de él, 4,9 millones estaban destinados a los sueldos de sus 79 empleados y apenas 50.000 euros a inversión, siendo el resto para el gasto corriente. Y en Sevilla Activa, una tendencia parecida, aunque algo menos acentuada: el 55% de sus 3 millones de presupuesto era para sus 25 contratados, mientras que quedaban sólo 20.000 euros para inversiones del ente.

En cuanto a los organismos autónomos de la Diputación, la Casa de la Provincia tiene a seis personas contratadas -dos de alta dirección- con un presupuesto que roza los 900.000 euros, de los que el 45% es para pagar los sueldos y el 52% para gasto corriente. El Opaef, por su lado, tuvo en 2015 un presupuesto de 25,5 millones, 13,5 de los cuales estaban destinados a pagar a las 188 personas contratadas para este servicio.

Sumando organismos autónomos y sociedades mercantiles, el 75% del dinero que la Diputación destina a sus entes dependientes es para pagar personal, mientras que lo que se destina a inversiones no llega al 0,4%.

Integración

Por su parte, el Consorcio Provincial de Aguas ha contratado como gerente al socialista Blas Ballesteros con un sueldo de 69.000 euros, aunque ese ente no tiene más de 3.000 euros para inversiones. Ese consorcio provincial tiene por debajo otros consorcios comarcales o empresas metropolitanas vinculadas con la gestión del agua, como el del Huesna, el de Écija, Aljarafesa o Emasesa, entre cuyos objetivos también está el asesoramiento a municipios. De hecho, el Consorcio Provincial agrupa hasta a seis mancomunidades, cada una con un entramado administrativo. La Diputación aporta al consorcio el 51% de los fondos, acorde con su participación en la misma. Se habla desde el año 2000 de la integración de los consorcios comarcales en el provincial, pero tres lustros después aún coexisten todos... con todo su ejército de empleados.

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