El 70% del presupuesto de Sanlúcar la Mayor es para pagar al personal municipal
El 70% del presupuesto de Sanlúcar la Mayor es para pagar al personal municipal - ABC
SANLÚCAR LA MAYOR

Siete de cada diez euros del presupuesto es para pagar al personal municipal

El Observatorio Ciudadano Municipal advierte del elevado peso del gasto de personal en este municipio aljarafeño, que ahoga las inversiones locales

SANLÚCAR LA MAYORActualizado:

El Observatorio Ciudadano Municipal de Sanlúcar la Mayor ha llamado a la atención sobre el gasto de personal del municipio, que en el presupuesto de 2017 significaba un 70% situándose entre los más altos de la provincia y «ahogando las inversiones locales». Desde el comité de empresa se apunta a que el gasto corresponde a una «elevada prestación de servicios municipales, muchos subvencionados» pero también presenta «una ineficiente organización del personal» y «sufre las consecuencias de una mala planificación económica en los años de bonanza».

El pasado mes de diciembre, casi vencido el año, el Pleno Municipal de Sanlúcar aprobaba el Presupuesto de 2017 de nueve millones de euros en el que el capítulo primero, referente a los gastos de personal, alcanzaba los 6.300.000 euros, un 70,3% del gasto. Este alto porcentaje supera en seis puntos al de 2016, aprobado el pasado mes de junio seis meses y medio fuera de plazo.

El incremento se debe a una reducción de ingresos tras la revisión del catastro y un aumento de gastos en la masa salarial correspondientes al acuerdo al que llegó la plantilla en el SERCLA en 2015 por el que decenas de trabajadores contratados en fraude de ley y reconocidos como personal laboral indefinido no fijo se incorporaban al convenio colectivo municipal.

La configuración histórica de la plantilla municipal es uno de los grandes problemas del municipio por su dimensión y proceso de selección. De los más de 200 trabajadores, 30 son funcionarios y de estos, 20 son policías. El Observatorio Ciudadano denuncia que desde 1992 no se haya convocado plaza alguna por oposición (a excepción de la Policía) y todo el personal haya sido contratado mediante contratos temporales que al encadenar o continuar en fraude de ley, iban incorporándose a la plantilla como indefinidos.

Acusaciones de clientelismo

La asociación denuncia que esta práctica de contratación «es propia del clientelismo, solo ha favorecido el enchufismo y sobredimensionado una plantilla que no responde a las necesidades del municipio» y apunta que prácticamente todos los partidos han sido partícipes, pues han tenido responsabilidad de gobierno a excepción de IU.

Sanlúcar la Mayor, con 13.500 habitantes, presenta un escenario político de fragmentación, con 5 grupos políticos y 17 concejales. El actual gobierno lo forma el PSOE, en minoría, con 7 concejales y dentro de la oposición, a excepción de IU (1) todos los líderes de los grupos comparten un pasado común que ha acabado dividido en tres partidos: PP (1), Grupo Independiente Sanluqueño (5) y Alternativa por Sanlúcar (3).

Juan Antonio Alonso, nombrado presidente del comité de empresa el pasado 5 de diciembre, ha sido 30 años jefe de personal y testigo directo del aumento de la plantilla y de las políticas que han llevado a esta situación. Alonso destaca que Sanlúcar ofrece muchos servicios más allá de su obligación, pero que también «existe una organización deficiente de la plantilla que con la merma de ingresos después de los años de bonanza provocan que muchos servicios se ofrezcan de forma precaria».

Alonso destaca la cantidad de subvenciones que ha obtenido históricamente el municipio, «que permitieron la construcción de una infraestructura que requiere de personal posteriormente» y contrapone esto a la situación actual de inversiones. «Muchas de ellas son sostenibles y una disminución de la plantilla obligaría a su cierre con el respectivo rechazo ciudadano, pero otras han comprometido manifiestamente décadas de desarrollo en el municipio», subraya.

Por un lado existen servicios como el que ofrece la Casa de la Cultura, «rebosante de actividades» o el taller de movilidad para personas con dificultades físicas. Del otro, el de infraestructuras sobredimensionadas como el vaso terapéutico, sin funcionamiento, o el Ecocentro, una inversión millonaria para un edificio inmenso sin función ni justificación clara.