Los jueces sólo conceden 4 de cada 10 órdenes de protección solicitadas en los juzgados sevillanos

El presunto asesino de la última víctima de violencia machista en la provincia, José Manuel R. M., de 41 años, pasaba ayer a disposición judicial por un delito de homicidio. Tras prestar declaración fue enviado a prisión sin posibilidad de eludirla con el pago de una fianza. Tan sólo un mes antes la Justicia le había dado carpetazo a la denuncia que había formulada la fallecida, pareja del detenido. Una juez de Sanlúcar la Mayor le denegó la orden de protección porque entre los indicios que valoró había un informe policial que no vio riesgo alguno para la integridad de la joven. El Ministerio Fiscal tampoco apoyó la medida atendiendo también a esa evaluación, según confirmó el lunes el TSJA.

El crimen de Stefani María González ha vuelto a poner encima de la mesa fallos en el sistema de protección de las víctimas de violencia machista. La denegación de la orden de protección solicitada por la joven de origen dominicano no es ninguna excepción.

Las estadísticas del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial señalan que en el primer trimestre de este año los jueces sólo aprobaron el 38% de las órdenes solicitadas en los juzgados de la provincia de Sevilla. Cuatro de cada diez peticiones pasaron el corte y fueron concedidas; la mayoría habían sido tramitadas a instancias de las propias víctimas. En este periodo se incoaron 353 solicitudes, de las cuales 210 fueron denegadas y 137 adoptadas.

Sólo en uno de estos procedimientos fue el Ministerio Fiscal quien pidió al juez la medida, en el 99% restante la demanda de protección partía de las propias víctimas.

Si se echa la mirada atrás en esa misma estadística, se confirma que estamos ante una tendencia generalizada. Son mayoría las órdenes rechazadas año tras año. En 2015, de las 2.021 peticiones tramitadas en los órganos judiciales de la provincia, 1.176 fueron denegadas y 739 aprobadas. Hay otro centenar que ni tan siquiera fueron analizadas, quedando inadmitidas.

No ocurre lo mismo en el capítulo de medidas alternativas a las órdenes de protección como las órdenes de alejamiento, la suspensión de comunicación, de tenencia de armas o las de carácter civil como las que suspenden la patria potestad de los denunciados o la custodia de los hijos menores. De las 129 peticiones incoadas en el primer trimestre, 66 fueron adoptadas y 56 denegadas.

En lo que va de 2016, en la provincia sevillana se han registrado dos asesinatos por violencia machista y las dos víctimas eran de origen extranjero. Esta coincidencia podría llevar a la conclusión que estamos ante un problema que afecta principalmente a la población inmigrante, pero la estadística del CGPJ lo contradice: en 2015 los juzgados decidieron si procedía la protección ante 1.832 denunciados españoles y 189 extranjeros.

Nuevo protocolo desde verano

Una de las herramientas que el Gobierno presentaba este pasado verano para mejorar la protección de las víctimas fueron los nuevos test de evaluación de riesgos, que debían realizar una mejor labor de criba para detectar los casos más extremos donde la vida de las denunciantes pende de un hilo y requieren de una vigilancia permanente.

Interior anunciaba su puesta en marcha en julio después de tres años de trabajo para confeccionar un test en el que se pregunta a las víctimas si ha iniciado los trámites de separación, si tiene una nueva relación sentimental conocida por el denunciado o la situación laboral del agresor entre otros indicadores de vulnerabilidad. Unos cuestionarios que sustituían a los anteriores, operativos desde 2007.

Las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Alicante fueron las primeros en aplicar esta metodología de trabajo informatizada, ya que la valoración final de la denunciante la hace un sistema informático.

Posteriormente se fue extendiendo al resto de provincias y según fuentes no oficiales de la Guardia Civil desde el 13 de agosto se sigue en la provincia esta nueva metodología.

El sistema categoriza en cinco niveles el riesgo de la mujer que denuncia malos tratos: cero, bajo, medio, alto y extremo. Fuentes policiales consultadas por este periódico y que conocen el nuevo protocolo de análisis confirman que es «muy difícil» que se alcance la etiqueta que advierte del mayor peligro ya que deben coincidir todos los indicadores de vulnerabilidad que contempla el sistema. Una casuística «muy rara».

El pasado mes de septiembre, el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, defendía este sistema porque «va a permitir una mejor evaluación de las víctimas al aumentar de 16 a 39 los indicadores de riesgo».

Según confirmó el TSJA, la joven de Olivares fue evaluada y el informe policial aportado a la causa indicaba que no había riesgo alguno. Los hechos confirman que ese test falló.

En 2014 los ministerios de Interior, Justicia y Sanidad se ponían manos a la obra para mejorar la protección. Un año antes cuatro mujeres evaluadas fueron asesinadas y no se había detectado riesgo alto o extremo. En 2012 ocurría lo mismo con otras cinco víctimas; en sólo una de ellas se advirtió un peligro elevado. Con la última víctima, la historia se vuelve a repetir, pero con el nuevo protocolo en funcionamiento.