Cádiz Provincia

Un informe de la Universidad de Sevilla cifra el agujero de los parcelistas de Almensilla en 12,5 millones

Ese estudio se hizo en 2013, antes de que Julio Mateos reconociera que se había llevado dinero y se fugara al Caribe

Situación actual de las calles donde se encuentran las parcelas de los afectados
Situación actual de las calles donde se encuentran las parcelas de los afectados - Pepe Ortega

Los parcelistas del sector F de Almensilla, que han sufrido el desfalco del dinero que aportaron para urbanizar sus terrenos, han sido víctimas de un roto económico aún mayor. Así lo revela un informe de la Universidad de Sevilla, al que ha tenido acceso ABC, que redimensiona el agujero ocasionado por una gestión «irregular» en esta zona del Aljarafe. Los peritos autores del estudio aportan una cifra de coste económico cuatro veces mayor de la que se ha vinculado hasta ahora con la supuesta apropiación indebida del Dioni de Almensilla; los conocidos 3,7 millones de euros que salieron de la cuenta de los parcelistas.

El informe, fechado en abril de 2013, analiza el desarrollo urbanístico de esa parte del municipio, el grado de cumplimiento de las obras encargadas y certificadas, y concluye alertando de la existencia de notables irregularidades que han provocado un coste económico para los propietarios de los terrenos de 12.502.428 euros.

Este dictamen, firmado por el arquitecto y profesor titular de la Politécnica de Madrid Federico García Erviti, y el abogado y docente de la Universidad de Sevilla, Eduardo Caruz Arcos, viene a confirmar el rosario de quejas de los parcelistas, que llevan años denunciando no sólo la desaparición de los 3,7 millones de euros que supuestamente se quedó el tesorero de la junta de compensación, sino el incumplimiento grave de los contratos suscritos con algunas empresas, que debían encargarse de los trabajos de asesoramiento y urbanización de los terrenos.

Desde 1994

Lo cierto es que los primeros pasos para regularizar esas parcelas cercanas a la futura SE-40 comenzaron a darse en 1994 con una primera constitución fallida de una junta de compensación que debía representar a más de 500 propietarios.Ya han transcurrido más de dos décadas y la zona está a medio hacer, sin acerado, ni red de alcantarillado, con unas calles sin asfaltar y las obras que se fueron acometiendo, como la instalación de los cajones para la red de telefonía, no se acabaron ni tampoco se realizaron trabajos de mantenimiento.

Los peritos advierten que entre las obras sin ejecutar, las obligaciones financieras que tienen que atender con las entidades que concedieron préstamos y el lucro cesante (beneficios no obtenidos), las víctimas de este despropósito urbanístico se enfrentan a una coste millonario.

Algunos de los parcelistas, en los juzgados de Coria
Algunos de los parcelistas, en los juzgados de Coria- Raúl Doblado

«Durante décadas vienen abonando los gastos de urbanización que les corresponden, sin que dicho esfuerzo les haya servido para que sus terrenos alcancen la condición jurídica de solar, encontrándose actualmente endeudados con la entidad de crédito que ha financiado la actuación, deuda garantizada con sus propiedades, y sin poder patrimonializar los aprovechamientos urbanisticos derivados de la ordenación«, señala el informe.

Los doce millones no contemplan el dinero que supuestamente sustrajo el tesorero de la junta, actualmente en prisión; por lo que el perjuicio económico a día de hoy, dos años después de la entrega de ese informe, es aún mayor.

Los peritos realizaron ese estudio a instancias del entonces presidente de la junta de compensación, Ismael Perea, actualmente investigado en una de las diligencias que instruye el juzgado de Coria por el desfalco en las cuentas de los parcelistas. Fuentes judiciales han confirmado que esta documentación aún no está aportada a los procedimientos.

Facturas infladas

Los propietarios desconocían la existencia de este informe, que nunca se llegó a presentar en una asamblea. Ha salido a la luz en un demanda de reclamación de cantidad que presentó una de las empresas mencionadas en el informe a la junta de compensación, que en su día acordó suspender los pagos por incumplimiento de plazos y de lo estipulado en el contrato.

En el análisis que realizaron los expertos también recoge cómo se pudieron inflar facturas para justificar «desviaciones al alza» de los proyectos iniciales de urbanización. También se detectaron conceptos sin justificar o adicionales que no estaban contemplados y que dispararon el gasto.

Esta conclusión casa con el reciente hallazgo de la UDEF que ha llevado a la detención de un constructor jubilado. Esta persona, que ejerció como vocal en la junta hasta 2008 y es propietario de una treintena de parcelas, presentó una serie de facturas a la Policía para justificar más de 20.000 euros que se cargaron en la cuenta de los parcelistas. Los documentos, como revelaba ABC en su edición del martes, eran falsos.

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