TOMARES
La Fiscalía pide investigar a José Luis Sanz (PP) por «prevaricación» en contratos municipales
Se investigan contratos por valor de 800.000 euros adjudicados entre 2007 y 2014
La Fiscalía de Sevilla ha pedido al juzgado de instrucción 8 de Sevilla que remita al Tribunal Supremo una exposición razonada para investigar al senador del PP y alcalde de Tomares, José Luis Sanz , por su presunta «prevaricación» en la adjudicación de contratos municipales.
El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, se refiere a las diligencias abiertas por cohecho contra los administradores de la empresa Guerra I XXI , adjudicataria durante varios años del servicio de Radio Televisión del Aljarafe mediante contratos en los que, según el Ministerio Público, se omitieron los «trámites legalmente establecidos» impidiendo la «concurrencia competitiva» y con ausencia de expedientes previos, lo que permitió «eludir los controles».
En total, se investigan contratos por valor de 800.000 euros adjudicados entre 2007 y 2014 a un «entramado empresarial» creado con el fin de «resultar únicos adjudicatarios» de servicios del municipales, «contando para ello con la colaboración de personas pertenecientes al Ayuntamiento de Tomares».
En la causa son investigados la exalcaldesa tomareña Antonio Hierro y el edil Eloy Carmona (PP), además de los responsables de las empresas adjudicatarias y personas contratadas en las mismas de forma presuntamente fraudulenta.
En el caso del actual regidor, al ser aforado , la Fiscalía pide al juzgado que proceda a e nviar una exposición razonada al Supremo para que éste decida sobre su posible imputación, al considerar que existen «indicios» de su participación en un presunto delito continuado de prevaricación administrativa al firmar varios de estos contratos.
Para la Fiscalía, tanto los responsables municipales como los de las empresas adjudicatarias - Guerra I Siglo XXI, Enunpispas, Integral XXI y Einte - actuaron «a sabiendas de que en tal adjudicación de los contratos (o en algún caso de los servicios sin existencia de contratos) se iba a prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (o a desvirtuar en algún caso fingiendo una concurrencia puramente virtual)».
En concreto, apunta a que se fraccionaron los contratos «por importes inferiores pretendiendo evitar el procedimiento adecuado o incluso fingiendo una concurrencia que no es tal» al constatarse según la Fiscalía que las empresas concursantes pertenecían en realidad al mismo entramado .
En el caso de los responsables municipales, entre ellos el actual alcalde, «se han dictado diversas resoluciones o firmado contratos o permitido la realización de servicios sin contrato en procedimientos que debieran haberse sometido a normativa administrativa, comprometiendo caudales públicos».
Para la Fiscalía, los servicios adjudicados no respondían a la «necesidad acuciante por concluir obras ya iniciados o prestar servicios de urgencia» que justificasen el uso de este tipo de contrataciones.
A juicio del Ministerio Público, el sistema de adjudicación usado resulta «materialmente injusto» al impedir a otras empresas concurrir y «se hizo con el conocimiento de actuar en contra del derecho» excluyendo «toda transparencia» y «en connivencia con personas ajenas al Ayuntamiento partícipes en las empresas del grupo».
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