El proyecto de viabilidad de la cementera, convertido en conflicto social

El proyecto de la cementera de Alcalá de usar residuos valorizados como combustible alternativose se ha convertido en una de las cuestiones que más debate ha generado en la ciudad en los últimos años. Contaminación, empleo, movilización ciudadana, política o inversión económica son argumentos de una confrontación que por ahora ganan quienes están en contra de la empresa.

El proyecto de Portland Valderribas tiene detractores encarnizados articulados alrededor de una plataforma ciudadana que advierte de que esta actividad generaría contaminación. Y también defensores que niegan la mayor respecto a la contaminación y advierten de las consecuencias para el empleo que tendría paralizar el proyecto.

El debate ha dado el salto a la política. El gobierno local del PSOE se ha posicionado contra el proyecto y ha buscado un encaje legal para impedir una iniciativa cuya autorización escapa de sus competencias.

Puesto que la empresa cuenta con todos los permisos necesarios por parte de la Consejería de Medio Ambiente, el gobierno local ha llegado a modificar el PGOU para impedir la iniciativa. Falta la aprobación definitiva de la modificación, que se lleva hoy a Pleno. La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, cree que el proyecto «no es acorde con mi modelo de ciudad, que es el de una ciudad sostenible».

Todo apunta a que el asunto terminará en los tribunales. La empresa estima que el contencioso administrativo tendrá un recorrido de tres años pero está convencida de que los tribunales acabarán dándole la razón.

Pero ¿cuál es el proyecto de la empresa? Se trata de cambiar el 30 por ciento de la materia que utilizan como fuente de calor para producir el cemento. Ahora todo lo que emplea es coque de petróleo. Su idea es construir una planta que les costaría dos millones de euros para poder emplear como combustible residuos valorizados, que provienen de plantas de tratamiento. No se trata de utilizar cualquier cosa, insiste el director de la fábrica Miguel Ángel Martínez, sino elementos autorizados por la Junta. En la práctica, la mayoría serían plásticos, previamente tratados y triturados.

No se emplearían restos orgánicos, ni sustancias peligrosas como parecen creer muchos ciudadanos en virtud de imágenes difundidas por la Plataforma contra la Incineración en los Alcores: bolsas de basura con restos de cualquier tipo quemadas en la planta de Alcalá. La plataforma llegó a conseguir 8.000 firmas en contra del proyecto y a organizar una manifestación. Su argumento es que las emisiones que generaría la fábrica serían perjudiciales para la salud de los vecinos de toda la comarca.

Del uso de esta imagen es de lo que más se queja la empresa, que ha abierto sus puertas a diversos colectivos para explicarles el proyecto. «Una vez que se lo hemos explicado, ninguno se ha mostrado en contra», afirma Martínez. A quien no han conseguido explicárselo es al gobierno municipal, ni a la alcaldesa, que no se ha reunido con la empresa a pesar de habérselo solicitado.

Y ¿por qué quiere usar residuos como combustible? Es más barato, en buena parte porque se obtiene de gestoras de residuos del entorno, con lo que se reducen los costes de transporte de una materia prima que ahora traen en barco. La reducción de costes es indispensable para garantizar su viabilidad.

Con la crisis del ladrillo, la fábrica miró al extranjero. Al sumar los costes de transporte, con la dificultad añadida de tener que llevar la mercancía al puerto de Huelva cuando supera un cierto volumen, los márgenes son muy escasos. En un mercado que ha caído el 80% entre 2007 y 2014, la competencia de las cementeras españolas es brutal. De las 33 plantas que hay en España, 29 ya valorizan residuos como combustible. También en Europa la mayoría de las plantas los utilizan.

La empresa lo tiene claro, o valorizan residuos o tendrán que cerrar. «No se trata de ganar más dinero, sino de sobrevivir», afirma el director. Aquí entra el empleo en el debate. La fábrica da trabajo a 200 personas y genera mucho más empleo indirecto. El comité de empresa está con la dirección y apoya un proyecto en el que consideran que está en futuros de sus puestos de trabajo y han pedido al gobierno local que cambie su postura. En esta misma línea se han manifestado la Confederación Empresarial Sevillana (CES), la Cámara de Comercio, la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá (FICA), la Agrupación de Fabricantes de Cementos de Andalucía (AFCA), UGT y CC.OO.